El PP denunciará a Sánchez por «irregularidades» durante su gestión e imputación falsa

La tormenta política que se desató el jueves a raíz del encierro del Partido Popular en el Pleno en demanda del expediente de Fitur 2004 amenaza con arreciar más fuerte tras la comparecencia ayer del presidente provincial del partido, José Loaiza, y el secretario general a nivel andaluz, Antonio Sanz. En el primero de los casos, Loaiza salió a la palestra acompañado por la portavoz popular, María José García Pelayo, y el presidente local, Bernardo Villar, para cerrar filas en torno a su equipo y garantizar su integridad.

El presidente provincial tachó de «atentado contra la democracia, la libertad y el derecho a la información» la actitud de la alcaldesa, Pilar Sánchez, en relación a su negativa inicial de facilitar el famoso documento a los concejales de la oposición escudándose en argumentos judiciales. Por ello, lo primero que hará el PP será realizar una petición formal a la edil para que especifique «con qué juez habló», ya que «queremos saber de quién recibía instrucciones».

Los populares le darán un plazo de cinco días, tras el cual aseguran que emprenderán acciones legales por una denuncia falsa, puesto que como explicaron al final de su encierro «se ha demostrado que el expediente se ajusta a la legalidad». Cabe recordar que, como reconoció el Ayuntamiento en un comunicado, fue la regidora jerezana la que remitió la documentación a la Audiencia Nacional y, según ella, uno de los magistrados le llamó durante el Pleno municipal para informarle sobre la conveniencia o no de entregar dicha información.

Algo que al Partido Popular le parece inadmisible, pues, como declaró Loaiza, mientras no exista un fallo judicial esa documentación es pública para todo aquél que quiera acceder a ella. En el caso de que finalmente -como sospechan los populares- se demuestre que no existió tal llamada judicial, exigirán que la edil «presente su dimisión por haber mentido». El presidente provincial volvió a insistir en que el Consejo Rector del Instituto de Promoción de la Ciudad ratificó en todo momento la validez del contrato, un órgano del que también formaba parte el actual delegado de Recursos, Juan Manuel García Bermúdez, además de contar con todos los informes favorables por parte de los técnicos.

Su propia trampa

«La cacería del PSOE en toda España caerá en las redes del propio partido. El Partido Socialista de Jerez tendrá que dar explicaciones de por qué trasladó el informe a la Audiencia». Así, conectó lo sucedido en la ciudad con una campaña de «desprestigio» a nivel nacional contra su formación política, apuntando a que los socialistas tampoco están libres de toda culpa. De hecho, aseguró que el Gobierno de Zapatero también ha contratado servicios de empresas investigadas por Garzón en el marco del caso Gürtel por 130 millones de euros, señalando los 200 destinados a esas compañías a través de diferentes contratos en UTEs (Unión Temporal de Empresas) y otros 77 millones de euros para la organización de la Expo de Zaragoza y la construcción de viviendas en Aragón.

«¿Por qué eso sí es legal y sin embargo lo que aquí se explica no?», se preguntó el popular. Detrás de toda esta trama, como manifestó, se esconde la intención del Gobierno municipal de desviar atenciones con respecto a temas espinosos que podrían salpicarle, como el montaje de la infraestructura del mitin del PSOE a través de trabajadores del Ayuntamiento de manera gratuita. «Nosotros tenemos la conciencia muy tranquila -ratificó Loaiza-, porque simplemente se contrató a las empresas de menor coste y mayor calidad. Estoy convencido de que saldremos fortalecidos de esta caza y captura».

Antonio Sanz, por su parte, anunció ayer en Sevilla que se han dado instrucciones al gabinete jurídico del partido para presentar no sólo acciones civiles y legales contra la alcaldesa por imputación de un delito falso, sino también una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas «irregularidades» durante su mandato. Sanz calificó de «bochornoso» el supuesto uso de los socialistas del Poder Judicial para «tapar las responsabilidades de su gestión».

Las presuntas irregularidades a las que aludió el secretario general no son otras que la ya citada utilización de operarios y servicios municipales para montar el mitin del PSOE que cerró la campaña en la ciudad. Desde el mismo Consistorio reconocieron que los trabajos se realizaron de forma gratuita, a pesar de que «todos sabemos que a nadie les salen gratis los mítines», como apostilló Sanz. Una circunstancia que a su entender explica la reacción «a la desesperada» de la alcaldesa, al tiempo que apuntó a que «la Junta de Andalucía también tiene responsabilidad por el uso indebido de fondos municipales para sufragar los mítines del PSOE».