Víctimas de ETA piden el cierre de la 'herriko taberna'
La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) pidió ayer a la Audiencia Nacional que ordene la clausura inmediata de la herriko taberna de Lazkao (Guipúzcoa), que un vecino del pueblo armado con un mazo destrozó el martes como respuesta a la bomba con la que ETA reventó un día antes la Casa del Pueblo del PSE y su vivienda.
Actualizado: GuardarDyJ señala que los gerentes de la herriko taberna Ansotegi han desobedecido las disposiciones de la Audiencia que, desde 2002, tienen embargada y bajo administración judicial la presunta sede local de Batasuna, por considerar que el inmueble es parte de la «infraestructura logística de ETA» y de las organizaciones de su entorno.
La asociación indica que este suceso ha desvelado que el bar estaba lleno de carteles de D3M, candidatura anulada por el Tribunal Supremo por su vinculación a ETA y Batasuna, y que el ataque desencadenó una manifestación de repulsa de la estructura local de los partidos ilegalizados. Considera que ambas cosas demuestran que los responsables han desobedecido las medidas cautelares de los tribunales y han reanudado en el local la actividad de las organizaciones ilegales, por lo que sólo cabe su clausura para evitar la reiteración delictiva.
Liquidación pendiente
Ansotegi es una de las 55 herriko tabernas que Baltasar Garzón tiene embargadas y bajo administración judicial desde hace siete años. Su liquidación sólo se producirá si el tribunal puede probar que son propiedad de Batasuna en el juicio en el que sentará en el banquillo a Arnaldo Otegi y a otros 40 dirigentes del partido ilegalizado, acusados de dirigir el frente institucional de ETA. Pese a las medidas cautelares, la mayoría continúan abiertos y en su interior se desarrollan actividades vinculadas a Batasuna y sus partidos sucesores. El Supremo renunció hace más de un año a liquidar estos 55 locales y otros tantos que no están bajo administración judicial porque todos constan como propiedad de terceros o de asociaciones culturales. Según el alto tribunal, para probar que realmente son parte del patrimonio del 'frente institucional' de la banda habrá que esperar a la sentencia penal del sumario Batasuna o impulsar procesos civiles, caso por caso, en los que se pruebe que los titulares son simples testaferros de las organizaciones terroristas.
