El PP de Jerez se encierra en el Pleno para disipar las acusaciones de corrupción

Ni en las tragicomedias de mayor renombre se rozó el esperpento que tuvo lugar ayer en el Pleno municipal de Jerez, en el que la tensión se pudo cortar con un cuchillo y que culminó con el encierro del principal grupo de la oposición en el salón municipal. Nada más empezar la sesión, la portavoz del PP, María José García Pelayo, quiso pronunciarse precipitadamente sobre el escándalo que ha salpicado a su partido a nivel local, ya que ha sido vinculado con dos empresas que en la actualidad están siendo investigadas por el juez Garzón dentro del denominado caso Gürtel.

En concreto, se trata de las sociedades Special Events y Down Town Consulting, cuyo propietario y administradores, respectivamente, se encuentran en prisión. Ambas empresas fueron contratadas por los populares cuando estaban al frente del Ayuntamiento, en el año 2004, con el fin de organizar la gestión del stand de Jerez en Fitur. Aunque Pelayo intentó proclamar al comienzo del Pleno que su formación está libre de toda sospecha, la alcaldesa, Pilar Sánchez, le cortó en seco emplazándola al apartado de ruegos y preguntas, en el que podría desarrollar su exposición.

«Usted no tiene la palabra -puntualizó la primera edil-, así que no puede venir a montar el circo».

«Ordinaria y mal carácter»

Pelayo tildó a Sánchez de «ordinaria» y de tener «mal carácter», mientras que la socialista la interrumpió continuamente y le cortó en varias ocasiones la palabra. Tras la lectura y votación de los once puntos del día y el turno de ruegos y preguntas, la portavoz de la oposición aludió a la necesidad de contar con el expediente de contratación de las citadas empresas, con el fin de demostrar que «no tenemos nada que ocultar». La alcaldesa, sin embargo, tras salir inesperadamente de la sala para hablar por teléfono, volvió sentenciando que «el documento se lo entregaré si el juez lo estima oportuno», asegurando que acababa de recibir una llamada de la autoridad judicial.

El Ayuntamiento de Jerez se ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional para el esclarecimiento de los asuntos que sean objeto de investigación y que incumban a las actuaciones realizadas en el pasado por la Administración municipal y, de hecho, ha remitido por propia voluntad al juez Garzón «todo el expediente» relativo a la contratación con varias empresas que están siendo investigadas en el marco del denominado caso Gürtel.

La sesión se levantó y el PP decidió permanecer en el Salón de Plenos, mientras el Gobierno local no les hiciera llegar el informe. Los concejales populares estuvieron durante casi tres horas apostados en el recinto, tiempo durante el cual su portavoz aprovechó para expresar su indignación y preocupación a los medios por lo sucedido. Pelayo hizo referencia a una campaña orquestada de desprestigio de su partido, organizada o con la connivencia del juez Garzón y del ya ex ministro Fernández Bermejo. Eso sí, la parlamentaria reconoció la existencia de una relación contractual con ambas empresas, pero aseguró que la obtención del expediente probaría que no se incurrió en ningún tipo de irregularidad.

Pelayo, por su parte, se le quebró la voz al reconocer que los concejales populares estaban nerviosos y preocupados. El secretario general del Ayuntamiento los hizo llamar para mostrarles, por fin, el controvertido documento. Pelayo acudió a su despacho acompañada del presidente local del partido, Bernardo Villar, y tuvo que afanarse en tomar notas ya que el secretario no sólo no les entregó el documento, sino que tampoco les permitió hacer copia.

Tras una hora de examen, los concejales se reunieron con sus compañeros y trasladaron a la prensa sus conclusiones acerca del informe. Aludió a seis informes dentro del expediente firmados por el interventor, el secretario y el director del área de Fomento, todos ellos «favorables y sin objeciones».

En primer lugar, la parlamentaria explicó que el documento prueba sobradamente que a la adjudicación se presentaron tres empresas, con lo que ya se cumple el procedimiento establecido. Además, subrayó que los informes están rubricados por técnicos municipales y no por cargos políticos, lo que garantiza la imparcialidad del procedimiento. «No hay absolutamente nada -ratificó la popular-, sólo un intento de linchamiento y de poner en marcha el ventilador». Por todo ello, aseguró que lo sucedido será puesto en conocimiento del PP andaluz con el fin de tomar las acciones necesarias, ya que «no nos quedaremos de brazos cruzados».

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