Justicia a preservar
La actuación del juez Baltasar Garzón en el llamado 'caso Gürtel' genera serias dudas sobre la continuidad de la investigación en sus manos días después de que supuestamente aparecieran nombres de aforados, al tiempo que suscita inevitables sospechas respecto a la reiterada violación del secreto del sumario mediante filtraciones que debían haberse impedido desde que comenzaron a trascender. Ambas situaciones explican que quienes tengan razones para sentirse concernidos o afectados por el proceder del juez de la Audiencia Nacional muestren su preocupación, su desacuerdo o su crítica más rotunda. Pero más cuestionable resulta que la demora de Garzón en remitir a tribunales superiores los resultados preliminares de su instrucción sea motivo para la presentación de una querella criminal contra él por parte del PP. En la misma, la formación que preside Rajoy considera que el juez está vulnerando lo previsto en el artículo 303 de la Ley de Enjuiciamiento de Criminal. Éste establece que en aquellos delitos que solamente pueden cometerse por autoridades o funcionarios sujetos a un fuero superior, los jueces de instrucción ordinarios «remitirán las diligencias en el término más breve posible, que en ningún caso podrá exceder de tres días, al tribunal competente». Por lo que el titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional precisaría identificar el delito de que se trate y tener constancia de la posible implicación de aforados para sujetarse a dicho precepto.
Actualizado:Algo que las informaciones que han circulado al respecto dan por hecho, como así lo indicó también la Fiscalía, pero que brinda al juez un margen de actuación sobre el que podría acabar pronunciándose el Supremo si admite a trámite la querella del PP. Una situación que se ve reforzada con la solicitud que Garzón dirigió ayer a la Fiscalía para que ésta se pronuncie sobre si debe o no remitir también al Supremo los resultados de su investigación, dado que podrían hallarse implicados un senador y un eurodiputado. Todo indica que Garzón se ha introducido en el siempre delicado terreno de investigar posibles delitos que pudieran implicar a representantes institucionales, con los efectos que su mera publicidad provoca en la liza política y en el crédito social de partidos, ayuntamientos o gobiernos. Pero ello no debe dar lugar a una réplica partidaria que ponga en cuestión la independencia judicial o la sitúe bajo grave sospecha, tal y como ha reclamado el Consejo del Poder Judicial.