Dos presos del Campo 4, en la base de Guantánamo. / AP
MUNDO

Los países europeos discuten la acogida de 60 detenidos de Guantánamo

Los Veintisiete debaten hoy las condiciones de admisión de los presos, sin cargos criminales

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La suerte de 60 detenidos en Guantánamo sin cargos criminales, según las propias autoridades estadounidenses, depende de la reunión de hoy de los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) en la que expresarán sus posiciones individuales sobre la posibilidad de acoger a algunas de estas personas. Las discusiones se centrarán en el espinoso asunto de las condiciones de admisión de los detenidos y en cómo compartir información sobre ellos entre los Veintisiete.

Estos presos, contra los que ahora EE UU considera que no tiene pruebas para pensar que estén vinculados con actos terroristas, no pueden volver a sus países de origen porque temen sufrir torturas o arrestos arbitrarios por las autoridades locales, dada su condición de ex detenidos en Guantánamo. Hasta ahora, nueve países de la UE -entre los que se encuentra España- se han mostrado dispuestos a acoger a algunos de ellos a fin de ayudar al presidente de EEUU, Barack Obama, a cumplir su anuncio de cerrar el penal en un año, donde todavía están recluídas 244 personas. Sin embargo, la cuestión tiene «una gran complejidad jurídica», según fuentes diplomáticas. Los países europeos consideran que, a pesar de que estas personas han sido declaradas inocentes, «puede haber algún riesgo para la seguridad», como recoge un documento presentado por la presidencia de turno de la Unión, y se muestran preocupados por garantizarse entre ellos que los acogidos «estén controlados». Cuatro organizaciones de derechos humanos pidieron el martes en Bruselas que la UE dé un paso para desbloquear la situación de los detenidos, que siguen recluídos en la base estadounuidense bajo condiciones de vida muy duras y que no tienen a dónde ir. «Afrontan un miedo creíble de tortura y persecución y no pueden volver a casa. Ninguno tiene cargos criminales y fueron exonerados por la Administración Bush», explicó Reed Brody, portavoz de Human Rights Watch.