Los parcelistas de los huertos de ocio se encerrarán en Urbanismo

La sentencia del pasado 13 de enero del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo ratifica de forma clara: la expropiación de los huertos de ocio no se ajustó a Derecho, por lo que el Ayuntamiento de Jerez tiene que indemnizar a los arrendatarios por daños y perjuicios, además de asumir parte de los costes del proceso. Sin embargo, casi un mes y medio después, el Consistorio no ha mostrado intención alguna de cumplir esta sentencia, a pesar de que la alcaldesa, Pilar Sánchez, y el delegado de Presidencia, Casto Sánchez, mostraran abiertamente su intención de hacerlo de forma inminente cuando se hizo público el fallo judicial.

Aunque el tiempo transcurrido puede parecer corto, los 35 parcelistas afectados llevan años de litigios, por lo que su paciencia ha llegado al límite y ahora reclaman con urgencia lo que es suyo. «La alcaldesa y Casto Sánchez salieron enseguida en todos los medios de comunicación diciendo que se iban a poner en contacto con nosotros -explica Guillermo Romero, uno de los perjudicados-, pero a fecha de hoy no lo han hecho. Están obligados a cumplir una sentencia, pero parece que todo se ha quedado en palabras, dijeron eso de cara al pueblo para quedar bien, pero luego nada».

Esta es la razón por la que la asociación de arrendatarios ha decidido organizar una protesta la semana próxima, en el caso de que la reacción municipal no se materialice. En concreto, los afectados amenazan con encerrarse en la Delegación de Urbanismo de manera indefinida o «hasta que nos echen», en tanto en cuanto el Ayuntamiento no se siente a negociar con ellos. No en vano, otro de los demandantes, Francisco Aguilar, recuerda las palabras de la primera edil en las que aseguraba que el delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, tenía «orden» de ponerse en contacto con ellos de manera «inmediata».

En la actualidad, la finca que engloba los terrenos se encuentra totalmente edificada por lo que, aunque Romero y Aguilar no se atreven a concretar una cifra, sí apuntan a que la indemnización deberá ser cuantiosa, dado el tiempo transcurrido y la pérdida no sólo de ese suelo, sino también de las cosechas y de todo lo que implicó la expropiación. El proceso ha supuesto además un desgaste añadido para los parcelistas, algunos de los cuales han muerto y otros, la gran mayoría, cuenta con al menos 70 años, por lo que los impulsores de la protesta del lunes ponen en duda el seguimiento que vaya a tener la misma.

«No sabemos quién ira. Algunos están trabajando, otros han muerto... Pero nosotros lucharemos hasta el final y no dudaremos en meternos en Urbanismo». Lo peor de todo es que consideran que la negociación no supondrá mayores problemas, puesto que «esto tiene muy poco estudio», ya que la sentencia establece de forma muy clara la cuestión, por lo que podría ejecutarse en un corto periodo de tiempo. Los perjudicados sospechan que la tardanza del Ayuntamiento viene motivada por una posible falta de entendimiento con la antigua promotora Xera, que fue la empresa que construyó las viviendas en la finca.

«Suponemos que se tendrán que poner de acuerdo entre ellos -puntualizan los dos entrevistados-, pero eso ya no es cosa nuestra». El caso es que la situación ha mermado el ánimo de los parcelistas, que lamentan que lo que debería haber sido una buena noticia se haya convertido en otro quebradero de cabeza para ellos. «Estamos hartos, nosotros tenemos más de 70 años y somos de los más jóvenes. Todo son promesas y luego no nos hacen caso». El encierro del próximo lunes irá acompañado de pancartas reivindicativas, ya que los manifestantes harán todo lo posible por que se escuche su voz.

Procedimiento ilegal

La sentencia del TSJA no hizo sino ratificar el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez del 14 de julio de 2008, que ya adelantó la nulidad de la expropiación de los huertos de ocio. La diferencia con respecto a aquella resolución es que contra esta última no cabe recurso alguno, lo que supone que su cumplimiento es obligado. En ella se desestima el recurso presentado por la Administración local, al considerar que el desalojo se realizó prescindiendo de la legalidad, porque había sido dictado sin tener en cuenta las normas establecidas y en claro beneficio de Xera Promociones.

Los hechos que originaron la denuncia se remontan a octubre de 2003, cuando el entonces delegado de Urbanismo, Pedro Pacheco, suscribió un acuerdo con José Antonio Monreal, propietario de la citada promotora, por el que se le cedían los terrenos de la discordia a ésta con el fin de construir unifamiliares. Los arrendatarios emprendieron un proceso legal, al considerar que los responsables políticos podían haber incurrido en un delito de prevaricación, al adoptar una resolución irregular que escondía intereses urbanísticos. El tiempo y la Justicia, finalmente, acabaron dándoles la razón.

admontalvo@lavozdigital.es