El PSOE acudirá a los juzgados para denunciar las cuentas del alcantarillado

El Pleno extraordinario isleño rechazó ayer la posibilidad de que se llevara a cabo una comisión de investigación ante las deficiencias denunciadas por el Partido Socialista (PSOE) respecto al servicio de mantenimiento del alcantarillado. El motivo es que el Ayuntamiento asegura poseer informes con las declaraciones anuales de IVA e impuestos de sociedades, el informe del jefe de las dependencias de gestión tributaria que certifica que la Unión Temporal de Empresas UTE-San Fernando está al corriente de los pagos con Hacienda, los documentos oficiales de la Seguridad Social sobre la plantilla real de la UTE o el certificado de la sucursal bancaria en el que se demuestra a quién se le hace los pagos por parte del Consistorio.

Aun así, los socialistas no se fueron convencidos, ya que «todos esos informes provienen de la propia empresa que es parte implicada» y ya están reordenando los datos que tienen en su poder para acudir en las próximas semanas a los juzgados a denunciar las cuentas del servicio de mantenimiento del alcantarillado.

El grupo municipal esperará a tener toda la documentación recopilada por el Gobierno municipal para contrastar la información que tiene. Unos datos que conseguirán tras aprobarse en el pleno la convocatoria extraordinaria tanto del Consejo Local de Medio Ambiente como del de Participación Ciudadana, en el que se expondrán todos los documentos que han sido remitidos desde la empresa y que desmontan las irregularidades que los socialistas llevan denunciando desde septiembre de 2008, con acusaciones tan graves como el pago de 300.000 euros por trabajadores que no estaban dados de alta o la duplicidad en el pago de facturas. Una deficiencia que ha sido confirmada en este caso por el Consistorio aunque aludiendo a un error propio de Intervención que fue notificado por la propia empresa para la devolución de una cantidad que no sobrepasaba los 1.500 euros.

En cuanto al CIF, la defensa se sustentó en un fallo en el sistema que ha sido subsanado. Sin embargo, no hubo respuestas a otras acusaciones socialistas como el depósito de lodo en las instalaciones del Punto Limpio, mostrado con fotos, o la división de facturas por trabajos superiores a 50.000 euros para no tener que concurrir los mismos a licitación pública.

El Ayuntamiento desmonta las acusaciones socialistas sustentándose en un error de la interpretación de los datos que la oposición obtuvo del registro mercantil pues las UTE, al no poseer personalidad jurídica, no tienen por qué elevar su contabilidad a dicho estamento. Algo que los propios socialistas reconocen, si bien añaden que «de todas formas las empresas están obligadas a presentar en sus cuentas en el registro la proporción de negocio que atiende dentro de las uniones temporales de empresas».

Durante el Pleno se vivieron varios momentos de tensión e incluso la delegada de Desarrollo Sostenible, Charo Álvarez, pidió la dimisión de algún miembro socialista por «falta de responsabilidad».

El alcalde, Manuel María de Bernardo, tuvo que llamar a la calma en una ocasión y advirtió al portavoz socialista, Fernando López Gil, y al concejal Fernando León de que la empresa ha notificado que iniciará acciones legales contra ellos si no realizan una retracción pública de las acusaciones que defienden.

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