Déficit a contener
El incremento del déficit público en 2008 hasta alcanzar el 3,82 % del PIB puede explicarse por el importante esfuerzo financiero realizado por las administraciones públicas, en especial por el Ejecutivo central, para afrontar la crisis. Pero lo que no encuentra una justificación tan evidente es que el Gobierno hubiese previsto un porcentaje cuatro décimas inferior hace apenas cinco semanas. Ello revela que el impacto de la recesión está siendo más costoso de lo que se suponía para las arcas públicas y, en definitiva, para los contribuyentes. Aunque demuestra también que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero continúa prefiriendo eludir las malas noticias, admitiéndolas sólo cuando ya son inevitables. En este sentido el calificativo de «coyuntural», concedido al déficit por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, bien podría reflejar un optimismo voluntarista, toda vez que el regreso a la disciplina del Pacto de Estabilidad, a la que la Unión Europea ha urgido a España, no depende exclusivamente del rigor con el que su ministerio administre los dineros.
Actualizado: GuardarLa evolución del desempleo cuando su cobertura ya resulta deficitaria, la eventual necesidad de contribuir al equilibrio de nuestro sistema financiero, el incremento de demandas sociales perentorias, las serias dificultades que afectan a las instituciones locales en general y a importantes ayuntamientos en particular, y los compromisos asumidos por las administraciones autonómicas componen un cuadro demasiado imprevisible como para sostener la esperanza gubernamental de que el desajuste presupuestario se verá reducido al 3% para 2011. Es de desear que, para entonces, y tras dos ejercicios completos, las administraciones no precisen habilitar partidas extraordinarias contra la crisis y sus consecuencias. Pero la propia bajada de la recaudación, que se extenderá más allá del momento en el que dé inicio la recuperación económica, puede convertirse en una rémora capaz de aumentar el peso del déficit. Un riesgo que las administraciones han de prevenir superando su inercial renuencia a contener y recortar el gasto público, fijando prioridades y posponiendo proyectos.
