Sin redención
AUNQUE existen opiniones interesadas que denuncian la escasa dureza de nuestro sistema penal, basta analizar el índice de población penitenciaria para desenmascarar esa falacia. La Comisión Europea acaba de publicar un informe al respecto que sitúa a España en el segundo lugar de la UE de los Quince con 134 presos por 100.000 habitantes, sólo superada por el Reino Unido, con 143. En Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Austria ese índice se sitúa entre 85 y 100, bastante inferior al español. Conviene tener en cuenta este dato cuando se discute sobre la posible introducción de la cadena perpetua en nuestro país, como si nuestro sistema penal no fuera suficientemente duro con los delincuentes. Ningún partido político parlamentario proponía su introducción en el programa electoral hace sólo un año. Es cierto que algunos corifeos de la derecha judicial se han apresurado a subirse al carro del sufrimiento de las víctimas para sumarse a su reclamación de justicia. Pero el presidente Zapatero ha hecho bien al reivindicar los valores constitucionales, que sólo permiten una respuesta penal que incluya la posibilidad de recuperación social del recluso.
Actualizado: GuardarQuienes señalan que otros países de nuestro entorno admiten una cadena perpetua 'impropia', con posibilidad de excarcelación pasados unos años y bajo la condición de su buen comportamiento, no dicen que el Código Penal español (sobre todo a raíz de la reforma de 2003, consensuada por el PP y el PSOE) establece períodos de cumplimiento 'efectivo' que llegan hasta los 40 años en los casos de terrorismo. Al contrario de lo que sucedía en la dictadura, no existe ahora la redención (automática) de penas por trabajo, que reducía considerablemente el rigor punitivo. Como atestiguan las cifras de población penitenciaria, los delincuentes no salen «a los pocos años». Salen cuando les toca, cuando cumplen su condena, como nuestra Constitución ordena. La introducción de esa pena de reclusión perpetua, pero con posibilidad de excarcelación, no serviría para añadir más dureza a un sistema penal que ya es suficientemente duro. Pero sí lanzaría un mensaje muy poco compatible con el avance de la civilización: que determinados delincuentes, una vez caídos, no merecen vivir nunca más en sociedad y que ésta prefiere apartarles de por vida.