Los familiares de los detenidos por el caso de la niña mauritana crean una asociación

Los familiares de tres mauritanos presos en España acusados de haber vendido a una menor y haberla obligado a mantener relaciones sexuales han creado la Agrupación de Padres de Familias Damnificadas en España para la liberación de sus parientes. «Exigimos la liberación inmediata de nuestros familiares, que llevan detenidos 625 días», indicó ayer el portavoz de la asociación, Ahmedu Uld Bune, durante una conferencia de prensa en Nuakchot. El portavoz indicó que todo lo que se imputa a estas tres personas es «haber casado a su hija según los preceptos del islam», y añadió que todos ellos son de nacionalidad mauritana y, por tanto, deben ser juzgados conforme a la legislación de su país.

Los presos son una pareja de mauritanos instalados en España y un primo suyo, con el que casaron a su hija de 14 años durante unas vacaciones en Mauritania en 2005. Dos años más tarde, la menor, con la ayuda de una familia española que se encargaba de su cuidado en Puerto Real, denunció las agresiones sexuales a las que fue sometida por su marido y la complicidad de sus padres, quienes la coaccionaron para que mantuviese relaciones.

En 2007, los padres de la joven y el marido, que se encontraba de paso porque residía en Mauritania, fueron detenidos en España, y ahora podrían ser condenados a 16 años de cárcel, según la petición de la Fiscalía, en un juicio que comenzará próximamente.

Según dijo el presidente de la nueva agrupación, Nagi Uld Belemch Uld Bune, «las buenas relaciones entre Madrid y Nuakchot deben permitir que se encuentre un final feliz a este problema» que ha levantado mucha polémica en Mauritania y que está siendo seguido con profusión en los medios locales.

No obstante, Uld Bune criticó el «doble lenguaje de los países europeos en materia de justicia» y recordó que, en 2007, la Unión Europea exigió la liberación de los «criminales búlgaros que habían inyectado el virus del sida a los niños libios».

Uld Bune hacía así alusión a los sanitarios búlgaros que estuvieron encarcelados más de ocho años en Libia y condenados a cadena perpetua por ser considerados culpables de contagiar el VIH a más de 400 niños en el hospital infantil de Bengasi.