«Los jueces somos unos incomprendidos»

Andrés Martínez Arrieta (Logroño, 1955) sacó adelante la difícil instrucción del 'caso Nani', pese a todo y pese a todos, con la única ayuda de su entereza. Corría el año 1985 y era un juez de apenas 29 años recién aterrizado en Madrid. «Cuando te echan al ruedo aplicas la ley embalado, pero con el tiempo vas contemporizando», recuerda ahora. A nadie extrañó que en 1998 llegase al Supremo. Tenía 43 años. Nunca nadie había accedido tan joven a tan alto tribunal. Hoy, desde la cúspide de la justicia penal española, es benevolente con sus compañeros huelguistas y batalla contra la severidad punitiva de las leyes como la que ha llevado a 62 'manteros' a prisión. «Es injusto y desproporcionado», protesta.

-¿Los jueces son ciudadanos de a pie?

-No, son los protagonistas de un poder del Estado, resuelven los conflictos ciudadanos, actúan sobre derechos fundamentales y son absolutamente necesarios para el funcionamiento democrático.

-Entonces, ¿por qué los fueron a la huelga?

-Es comprensible. Hay una situación de base caótica que ha explotado. Para atender a los ciudadanos se necesitan mejoras, faltan medios humanos y la carga de trabajo crece. Y eso parece que nadie lo comprende. No obstante, concibo la huelga como el último remedio.

-¿Cree que los jueces son unos incomprendidos?

-Digamos que existe una cierta incomprensión con la labor que realizamos y el eco social que tiene. El Consejo General del Poder Judicial debería proyectar el funcionamiento diario de los juzgados, cómo trabajamos y en qué condiciones, para acercarnos al ciudadano.

-Una huelga no ayuda...

-Las personas que se acercan a un tribunal conocen el funcionamiento de la Justicia y saben que casi siempre solucionamos el conflicto que nos plantean.

-Los magistrados del Supremo no apoyaron el paro, aunque firmaron un escrito sin precedentes crítico con las injerencias del Gobierno.

-Fue por la situación a la que se había llegado. La incomprensión a la que antes me refería dio lugar a un cierto antagonismo entre la carrera judicial y el Gobierno y la oposición por algunas injerencias. Por eso se firmó un documento en el que se comprende la preocupación de los jueces para evitar casos como el del juez Rafael Tirado.

«Sociedad conflictiva»

-¿Entiende a los que les dicen que están alejados de la realidad social?

-No lo comparto. La ley nos obliga a conocer de cerca lo que sucede en la sociedad. No es lo mismo interpretar la ley de seguridad vial si eres peatón que conductor; o la ley de arrendamiento si eres alquilado que arrendatario. Vivimos en una sociedad moderna y aplicamos las leyes con arreglo a la misma.

-Sin embargo, valoran más a un bombero que a un juez.

-Tiene lógica. El juez actúa sobre derechos primarios: el patrimonio, la libertad, donde es difícil tener buena imagen; el bombero, en cambio, salva vidas y patrimonios.

-A los jueces no les favorece una sociedad litigante y conflictiva.

-En España se ha incrementado la conflictividad, pero no más que la media europea. La proporción de criminalidad, además, no es muy superior a la del resto de países comunitarios. La sensación de inseguridad tiene que ver con la sociedad de riesgo en la que vivimos.

-Los juristas reconocen que el Código Penal es cada vez más restrictivo.

-La deriva del Código Penal es peligrosa. El incremento de la severidad punitiva ha sido muy destacado. ¿Por qué? No han ayudado hechos como los atentados del 11-M, la sociedad de riesgo o el miedo a la tecnología.

-¿Qué ha ocurrido?

-El legislador no quiere perder el timón de la seguridad y por eso endurece las leyes.

-¿Y funciona?

-Conforme la sociedad española se muestra más rígida y compleja se han ido dilapidando los vientos de libertad que se tradujeron en el Código Penal de 1983. Hoy existe el doble de población carcelaria que hace 25 años, cuando la inseguridad era mayor. Y ahora se pide más y más. ¿Hasta dónde queremos llegar?

¿Es partidario de las últimas reformas penales?

-Los jueces ya no somos diques frente a las actitudes irracionales del pueblo. Ahora somos palancas sobre las cuales apoyarse. Para el legislador es más eficaz atender las demandas de la sociedad.