Sin impunidad

Las declaraciones del jefe superior de policía de Andalucía occidental, anunciando la existencia de «pruebas científicas irrefutables» sobre la muerte de Marta del Castillo y respecto a su autoría, parecieron ayer despejar el equívoco suscitado en torno al supuesto de que el hallazgo de su cuerpo sería una condición indispensable para la imputación del crimen. Atendiendo a la legislación y a la jurisprudencia española, la existencia de pruebas fehacientes sobre la comisión de un delito tan grave permite formular las acusaciones pertinentes y, en su caso, juzgar a los criminales. Lo cual no impide que ambos extremos se vean dificultados mientras los restos de Marta no sean recuperados, tanto para el justo desarrollo del proceso judicial como, especialmente, a modo de mínimo consuelo para sus padres y familiares. La desaparición de la joven, la confesión de su asesinato y la complicidad que al parecer concurrió en tan execrable crimen por parte de tres jóvenes y un menor resultan tan espeluznantes que es lógico que centren una inusitada atención ciudadana. Sin embargo ésta no puede traspasar los límites de la legalidad constitucional y del amparo que merecen las personas menores de edad que directa o indirectamente estén concernidas por lo ocurrido. Ni debe violentar la presunción de inocencia de las personas públicamente señaladas como culpables, ni debe dar pie a la exposición mediática de circunstancias y aspectos de vida que, en principio, nada tienen que ver con lo acontecido.

La desaparición y probable muerte de Marta del Castillo ha dado lugar a una nueva corriente de opinión demandando el recrudecimiento de las penas para semejantes casos, hasta el punto de que la propia familia ha anunciado su intención de promover una consulta popular ante la que propondrían la cadena perpetua. Es comprensible que las personas directamente afectadas por tan irreparables pérdidas tiendan de hallar en la legalidad vigente fallas que limitan la compensación moral que requieren o demandan, por lo que es necesario que el legislador se muestre atento a tales exigencias, aunque sin que ello pueda redundar en la falsa impresión de que las leyes actuales propician la impunidad. El eventual endurecimiento de las penas no debería poner en cuestión la renuncia constitucional a la prisión a perpetuidad, al tiempo que sus demandantes han de reconocer que ello probablemente tampoco disuadiría a ese tipo de criminales de cometer tales delitos.