Justicia acusa a la jueza decana de Cádiz de «actuar de mala fe» durante la huelga

Era muy esperada la respuesta de la delegada provincial de Justicia, Blanca Alcántara, a lo que ha sido la primera huelga de jueces en la historia de este país. Sin embargo, durante la jornada del conflicto declinó hacer cualquier manifestación, entendiendo que al tratarse de una protesta a nivel nacional contra la gestión del Ministerio de Justicia, debían ser otros los que respondieran a las demandas de la judicatura. Sin embargo, este plan inicial se torció cuando la jueza decana de Cádiz, Nuria Orellana, decidió enseñar a un grupo de periodistas el punto más débil de las sedes judiciales en la capital: el sótano de los juzgados de San José. Además, el día de la huelga algunos jueces cuestionaron por qué la delegación provincial no permitía la entrada de las cámaras a los juzgados. La intención era celebrar una jornada de puertas abiertas que al final no fructificó.

«La decisión de prohibir el acceso a los medios para los fines que buscaba la jueza decana, Nuria Orellana, no fue una decisión arbitraria y caprichosa. Ni tan siquiera se solicitó permiso a los órganos competentes», decía ayer a LA VOZ, la delegada provincial. Alcántara pone de ejemplo el precedente más cercano en el que se dio libre acceso a los medios para que accedieran a una sede judicial, como fue la jornada de puertas abiertas en el Tribunal Supremo, entre el 19 y el 23 de noviembre del año pasado, con motivo del 30 aniversario de la Constitución. En esa ocasión, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el libre acceso de los medios. «Pero en esta ocasión, ni se solicitó permiso ni tampoco se comunicó con antelación la fecha, hora y los motivos».

Acceso restringido

La delegada provincial también incidió en varias sentencias y en un acuerdo del TSJA, fechado en abril de 2006, por el cual se regula la entrada de los medios de comunicación a los juzgados. En dicho acuerdo, «se especifica que está prohibida la entrada de cámaras salvo excepciones como actos solemnes o juicios. Y en este último caso, los jueces pueden ampliar o restringir la entrada de los medios en las vistas orales».

El otro asunto peliagudo, derivado de la protesta del pasado miércoles, fueron las imágenes captadas en el sótano de los juzgados de San José, que se encuentra apuntalado. «La jueza decana ha actuado de mala fe porque sabe perfectamente que es lo que ocurre allí. Es más, cuando aparecieron los primeros problemas de humedades, la avisamos para que nos acompañara a ver el sótano. Sin embargo, lo ha utilizado sin contar todo el trabajo que se está haciendo en esa sede y que ella lo conoce de primera mano». También criticó duramente la forma en la que accedió a la zona: «coaccionó a los guardias civiles que lo custodiaban, y éstos han tenido que dar parte al presidente de la Audiencia».

Este periódico pudo ver el amplio dossier que la delegación provincial tiene sobre este asunto, que está pendiente de la redacción del proyecto «para acometer unas obras de mejora en una zona que están cerradas y que no entrañan ningún peligro porque no se utilizan».

En agosto del año pasado, la delegación provincial remitió una orden a la Subdelegación del Gobierno informando que ese espacio, donde se sitúan los calabozos, dependencias policiales y una zona de archivo, era clausurado. Desde ese momento, los presos pasaban a utilizar las celdas de los bajos del Carranza y las que están en la comisaría provincial y en la Comandancia de la Guardia Civil.

El origen del deterioro se debe a un problema de humedades. Justo encima se encuentran varios puestos del mercado de abastos que linda con el edificio judicial, propiedad de la Junta. Alcántara confirmó que se está redactando un proyecto para arreglar un espacio, «que no entraña riesgos graves como desplomes porque el edificio está en perfectas condiciones». Sin embargo, ese trabajo que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, reconoció Blanca Alcántara, necesita del consenso con los propietarios de los puestos, ya que las obras les van a afectar. Es más, la delegada recuerda que al buscar un emplazamiento para el nuevo juzgado de Violencia de Género, su primera opción fue trasladar los de Instrucción al Carranza, pero se encontró con la oposición de los jueces que trabajan en San José.

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