La plantilla del Ifapa lamenta que la Junta «opte por destruir empleo»

El comité de empresa del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) en la provincia de Cádiz lanzó ayer una advertencia a la Junta de Andalucía, el organismo del que depende este servicio, al afirmar que si no cambia de postura y se sienta a negociar la readmisión de cinco empleados despedidas del CIFA de Chipiona «no descartaremos iniciar una campaña de movilizaciones».

Así lo recalcó ayer el presidente del comité, Javier Cabarcos, que compareció en Jerez arropado por la Federación Agroalimentaria de CC OO y que lamentó que «en estos momentos de crisis en los que la Junta dice apostar por el empleo no predique con el ejemplo y sea la misma Administración la que despida a empleados y destruya puestos de trabajo».

Cabarcos recordó ayer, en presencia de los afectados, que estos trabajadores han desarrollado su labor al servicio del Gobierno andaluz desde el año 1.987 e hizo hincapié que «sus contratos fueron hechos en su momento en fraude de ley». De este modo, los representantes sindicales recordaron que este conflicto que ha acabado con el despido de estos empleados a finales de 2008 se inició porque la Administración les aplicaba el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (Reass), cuando tendrían que haber sido encuadrados en el Régimen General.

Con este tesis, se interpuso en su momento una demanda que fue estimada por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz en 2006, y que luego ratificó el TSJA en 2008.

Pero una vez que la justicia dictaminó que se les considerara personal laboral, llegaron los despidos y se volvió a los tribunales. «La Junta decía que eran terminaciones de contrato, y no despidos, pero las diferentes sentencias advierten que esos contratos en fraude de ley se convierten en indefinidos, por lo que se trata de despidos improcedentes», recalcaron ayer desde el comité, que también criticó que «se les aplicara el convenio del campo, y no el convenio colectivo del resto de los trabajadores».

Carbacos explicó que las sentencias obligaban a la Junta a readmitira los afectados o indemnizarlos por estos despidos, un dictamen contra el que la Junta ha anunciado recurso al tiempo que ha optado por «pagar a los trabajadores en vez de dejar que recuperen su puesto». «Ya han ingresado el dinero de las indemnizaciones, a la espera de que la sentencia sea firme», añadió.

En este punto, el comité del Ifapa en Cádiz lamentó que la Administración apueste por «judicializar las relaciones laborales», y le instó a que «negocie la readmisión», sobre todo porque «se prescinde de unos empleados que son necesarios en su centro, en el que las tareas que ellos realizaban no se están llevando a cabo por falta de personal», apuntó Cabarcos, quien advirtió que «no vamos a dejar que entre gente de fuera o que se externalice este servicio mientras ellos se van al paro».

«Lo lógico sería readmitirlos, porque son necesarios y porque no se pagaría con dinero público una indemnización», finalizó el presidente del comité.

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