MAGISTRADO. El juez de Menores durante la entrevista celebrada en su despacho. / JAVIER FERNÁNDEZ
Jerez

«Estamos vendidos, puede pasar otro caso Mari Luz en cualquier momento»

«Los juicios tardan año y medio en celebrarse debido a la falta de personal y medios» «Para tener una situación decente, en Jerez hacen falta tres juzgados nuevos y más jueces preparados»

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«Soy más viejo que la ley de enjuiciamiento criminal». Confiesa tener 68 años y un gran recuerdo de su etapa como abogado en Madrid defendiendo a presos políticos. «Fueron los mejores años de mi vida», dice. Durante la entrevista veremos cómo LA VOZ del juez se alza en contra de las actuaciones de algunos compañeros y de su cercanía al poder para conseguir «un puesto en el Ministerio o en las instituciones judiciales donde hay mucho mediocre». Asegura que su ex amigo el juez Grande-Marlasca «lo que busca es ser ministro».

-Antes de comenzar, quiero desde LA VOZ dar mi solidaridad a la familia de Marta del Castillo. Cuando pasan sucesos tan lamentables se pide endurecimiento de las penas y que los culpables la cumplan en su totalidad. Legislar en el ámbito de lo penal a base de incitaciones mediáticas, de titulares periodísticos y removiendo los más bajos instintos de ser humano es el más grave error que puede cometerse en este campo, que tiene que estar determinado por la serenidad, el debate y el consenso social. Lo contrario es acudir al llamado populismo punitivo, según el cual el legislador debe atender a un supuesto «clamor popular» que sólo se expresa en una democracia a través de las urnas.

-¿Qué reflexión hace del tratamiento de algunos Medios sobre el caso y, como juez de Menores, sobre la entrevista a la menor de 14 años (novia del asesino confeso de Marta) y de las fotos de menores que han ido sacando?

-Los Medios en general, desgraciadamente, no cumplen el papel que les corresponde en un Estado Social de Derecho, es decir, no contribuyen a la creación de una opinión pública responsable. Buscan el aspecto más morboso del suceso y en este caso destaca esa entrevista a una menor que nada aporta a la investigación y que carece de la formación necesaria para poder expresarse sobre un suceso de esta índole.

-En este crimen hay encubridores, ¿qué pena les caerá?

-El encubrimiento es un delito tipificado en artículo 451 del Código Penal y conlleva una pena de seis meses a tres años de prisión cumpliéndose en su totalidad.

-Mala cosa, señor juez, cuando la Justicia se mueve tanto en los Medios.

-Depende del tipo de noticias y cómo se enfoquen. La Justicia debe estar todos los días en el pensamiento de los ciudadanos, porque es la forma de resolver los conflictos. Pero lo que no se debe hacer, que suele ocurrir, es confundir las crónica de tribunales con la crónica de sucesos.

-A veces parece que interesa más los jueces que los delitos.

-Ni los jueces ni los delitos, lo que debe interesar es la solución de los conflictos. Nosotros estamos para solucionar los problemas que tienen los ciudadanos entre sí.

-Demasiados casos de corrupción vinculados a la política, y Jerez parece que no se salva.

-Hay una serie de hechos que se dicen por los Medios que pueden ser delictivos, y eso está en el Juzgado de Instrucción.

-En ocasiones se hacen juicios paralelos y eso no es bueno, ¿no?

-Es nefasto. La Constitución en su artículo 24 establece como uno de los principios básicos del Estado de Derecho el de la presunción de no culpabilidad. Desde el momento que se hace un juicio paralelo ya se está condenando o se está calificando de culpable a alguien. Así se vulnera el principio de presunción de inocencia. Se debe respetar el secreto de las actuaciones y sólo se debe dar la noticia de una condena cuando ésta se ha producido ya.

-Pero los Medios tienen que informar.

-Pero es que una sentencia de un Juzgado de Jerez o de la Audiencia Provincial puede ser recurrida, y no es firme hasta que el Supremo no dicte la suya. Hasta ese momento, repito, el individuo es presunto no culpable.

-¿Se puede, como ha pedido Pedro Pacheco, declarar anticipándose a la citación del Juez?

-Como hacer se puede hacer, pero las declaraciones se realizan cuando el juez que instruye el caso determine que tiene que declarar una persona como imputado, denunciante o testigo. Y los ciudadanos tienen que esperar al llamamiento de la autoridad judicial, que es la que decide cómo se tramita un asunto.

-Su abogado dice que él quiere declarar «cuando antes».

-Esto no tiene ninguna trascendencia; es una cuestión, supongo, que de estrategia de la defensa. Su abogado puede tener interés en que declare antes. Si bien será el Juez el que diga: «Venga usted mañana o espere que ya le llamaré. Si es que considero que debo llamarle, porque a lo mejor no tengo necesidad, ya que los hechos no son constitutivos de infracción penal. O le voy a llamar como imputado, lo que significa dos situaciones procesalmente distintas». Un testigo tiene la obligación de comparecer y contestar a todas las preguntas que se le hagan. Y, fundamentalmente, tiene la obligación de decir la verdad y si no lo hace, comete un delito de falso testimonio. Mientras que un imputado tiene derecho a guardar silencio, a no declarar sobre sí mismo, a disponer de abogado en el momento de declarar, suele ocurrir que en los Medios se dice: «A tal persona se le ha llamado como imputado y eso ya es como una especie de condena». Yo, cuando era juez de Instrucción, a todos los que parecía que podía tener algo de responsabilidad en un asunto les citaba siempre como imputado. No para perjudicarle, sino precisamente para permitirle que viniera con abogado y que pudiera decir que no contestaba a alguna pregunta porque podía ser inculpatoria. Así están en una posición de mejor garantía que como testigo.

-En principio, el testigo parece que no tiene ninguna responsabilidad.

-Sí, mucha gente piensa que el testigo no tiene nada que ver. Pero como tiene la obligación de contestar a todo, como no diga la verdad le puede caer un delito de falso testimonio, que como mínimo le puede caer una pena de seis meses a dos años de prisión.

-¿En qué condiciones está la Administración de Justicia de Jerez?

-No está en unas condiciones peores que el resto de España. Aunque no funciona bien, es verdad que está menos mal de lo que se piensa. Hay muchos litigios, pues hemos pasado de una sociedad en la que no había derechos a una situación en la que todo el mundo cree que tiene derecho a todo.

-Y habrá situaciones diferentes según las jurisdicciones.

-La jurisdicción Social estaba muy mal. Ahora mismo está muy mal el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Cuando yo lo dejé señalábamos juicios a seis meses, más o menos. Y ahora, desde que se presenta una reclamación hasta que se celebra el juicio, está en año y medio. Lo cual es una barbaridad. Primera Instancia está bastante mal; me refiero mal en cuanto que existe una acumulación de asuntos que desbordan las posibilidades de poderlos estudiar y resolver de una manera razonable. Sin embargo, el Juzgado de Menores está en condiciones aceptables.

-Usted reclama más juzgados para Jerez.

-Claro, hacen falta un segundo juzgado de lo Contencioso Administrativo, otro de Primera Instancia, uno de Instrucción Eso como mínimo para ponernos en una situación decente, que no optima. Y lo que se hace más necesario aún es que haya más jueces para que las resoluciones sean mucho más rápidas.

-Ésas son reclamaciones que están haciendo al Ministerio de Justicia y el CGPJ. ¿Por eso las manifestaciones?

-Porque estamos hartos, sencillamente. Es por una situación general. Llevamos un siglo intentando que la Administración de Justicia funcione bien, porque nos preocupa eso que se llaman la tutela judicial efectiva. Nos preocupa que los ciudadanos vengan a nosotros a plantearnos sus problemas y no podamos resolverlos en un tiempo razonable y dando unos motivos. Lo dice además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No se puede dar una motivación adecuada cuando uno tiene que celebrar un día 30 ó 40 juicios, y hacer todas esas sentencias en un plazo de cinco días. Eso es imposible, y como no somos Superman, pues intentamos que los poderes públicos, el Gobierno central y las Comunidades autónomas, que tienen muchas competencias, decidan hacer las inversiones necesarias para que se disponga de unos medios materiales y personales suficientes. Y al mismo tiempo un número de jueces como para atender esa demanda. Pedimos el mínimo que marca la UE: veinte por cada 100.000 habitantes. Y nosotros estamos en diez, a la altura de Eslovaquia y Malta.

-Para que las sentencias se agilicen, ¿no?

-Para que se resuelvan los asuntos, se tramiten adecuadamente, pueda uno leérselos porque a mí me exigen que yo no me limite a decir que usted a ganado o ha perdido, sino que tengo que explicar por qué. Cuando yo a un menor o un juez de lo Penal a un mayor lo manda a la cárcel, tiene que hacer una sentencia con el porqué y en función de qué pruebas lo manda a prisión. Y eso supone que hay que analizar y comprobar los datos, lo que lleva un tiempo.Y lo que es también muy importante es informatizar la red. Es necesario tener unos programas que nos permitieran tener unos documentos bien hechos. En Andalucía tenemos un programa que se llama Adriano, que tiene sus características propias según la jurisdicción. Los documentos de ese programa son lamentables. Tanto del punto de vista jurídico como gramatical son inaceptables. El 90% que emitimos los hemos hecho cambiando los textos.

-Con estos sistemas usted no tiene acceso, por ejemplo, a los antecedentes de una persona que vaya a condenar.

-Absolutamente, porque hay programas diferentes en las distintas comunidades, y además en la mayoría de los casos no pueden conectarse unos con otros, con lo cual yo no tengo posibilidad de saber si un menor al que voy a condenar tiene antecedentes porque haya cometido otro delito en Madrid o Barcelona.

-Y por eso ocurrió el conocido como caso Mary Luz.

-Claro, es que ese caso es típico. Porque cuando un Juzgado de lo Penal, como el del señor Tirado, como son los tres juzgados de lo Penal que hay en Jerez, tienen miles de ejecutorias pendientes, es absolutamente imposible que yo sepa cómo está cada una.

-Entonces, ¿puede volver a pasar?

-Absolutamente. Y puede repetirse hoy, mañana o pasado, y nos puede pasar a cualquiera. Le tocó al juez Tirado, pero, mire usted, esto está pasando todos los días, lo único que ocurre es que no sale a la luz pública porque no hay sangre ni hay morbo. Es más, todo aquél que conoce algo de cómo funciona la Administración de Justicia sabe que, independientemente que esa ejecutoria se hubiera ejecutado, el asesinato se hubiese producido igual. Por la sencilla razón de que ese individuo habría cumplido la pena y estaría en la calle antes de que se produjeran los hechos. El caso es que los jueces estamos vendidos en cualquier momento. Le voy a explicar; si yo dicto una sentencia hoy condenando a un menor a un año de libertad vigilada y la ejecución de esa medida en lugar de empezar mañana se hace dentro de cuatro meses, en ese tiempo mi niño puede cometer cualquier otro delito. Porque la Administración de la Junta de Andalucía no tiene capacidad para poder ejecutar las sentencias que yo dicto, y esto ha determinado que el año pasado un 80% de las prestaciones de trabajo en beneficio de la Comunidad no se hayan cumplido, declarándose prescritas.

-Es ineficaz.

-Es que tenemos una Administración de Justicia del siglo XIX. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1870 y con ella estamos funcionando. Y cuando pedimos medios personales, estamos solicitando funcionarios cualificados. No se pueden cubrir bajas con interinos que carecen del más mínimo conocimiento de lo que es esto.

-Se está jugando con los derechos o la libertad de las personas.

-Hombre, claro. Yo estoy quitando la libertad, poniendo libertad vigilada, mandando medidas mitad educativa, mitad sancionadoras. Pero piense usted que el Juzgado de lo Social está admitiendo un expediente de regulación de empleo y poniendo en la calle a 500 personas. O el juez de Primera Instancia está aprobando un divorcio y están entregando unos hijos al padre o la madre o una custodia compartida Y lo que resulta verdaderamente llamativo es que el señor ministro en lugar de solucionar los problemas se vaya un fin de semana de cacería. Debería estar hablando con las asociaciones judiciales para ver cómo se soluciona este problema. Pero no parece que le preocupe el tema.

-¿Qué opinión tiene sobre que Garzón y Bermejo estuvieran juntos?

-Que juntos ni a tomar café ni a cazar. Por aquello de que la mujer del César debe parecerlo también.

Este juez amable, hablador y crítico me cuenta que los miembros de la instituciones judiciales no están por méritos propios, que hay mucho mediocre.

-¿Cómo es eso?

-Porque la judicatura no es diferente del país y en España. Desgraciadamente, a mi juicio, la mediocridad está muy presente en todas las profesiones. La cultura de este país es muy baja, y la de los jueces también.

-¿Y para ser un buen juez qué hace falta?

-Ser medianamente razonable, tener un poco de cultura y si sabe algo de derecho, mejor.

-Saber bastante de derecho, ¿no?

-No, no es tan importante eso. Es más importante tener una cultura media y ser razonable, porque estamos jugando con la realidad y con seres humanos, y muchas veces no está en el librillo la solución del caso. El libro da unas normas generales y luego las personas razonables tienen que aplicar esas verdades normativas a los casos concretos.

Antes de apagar la grabadora, le referí el caso Holgado y fue breve: «Eso está ya liquidado. En este caso hay dos sentencias del Tribunal Supremo diciendo que no hay pruebas para condenar a esas personas. Y ésa es la verdad procesal que hay».