Con diligencia

a petición de la Fiscalía para que el juez Garzón se inhiba en la causa abierta por la trama de corrupción que ha salpicado a cargos del PP, en respuesta a la solicitud cursada a su vez por el propio magistrado, aboca el caso a su reconducción hacia los Tribunales Superiores de Madrid y de Valencia. Cabe esperar que la determinación de la competencia no derive en ninguna controversia sobre si las responsabilidades que puedan pesar sobre cargos institucionales arrastrarían todo el sumario hacia los tribunales citados o si bien Garzón está en condiciones de retener parte de las averiguaciones. La gravedad de las acusaciones exige que las mismas queden liberadas de toda fricción que pueda empañar el curso de las actuaciones. Una exigencia que implica también que quienes se vean afectados por imputaciones directas opten por no seguir cobijándose bajo su acta de parlamentario o de concejal, como está haciendo el ex alcalde de Boadilla.