Los jueces refuerzan su posición frente al Gobierno con una «exitosa» jornada de paro

La primera huelga judicial de la democracia superó las expectativas a la baja tanto del Gobierno como del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Unos 1.635 jueces y magistrados de toda España, un 35% del total de la carrera, según su órgano de gobierno, secundaron ayer el paro laboral convocado por los jueces decanos y dos asociaciones judiciales que a última hora se desligaron de las negociaciones con el Ministerio de Justicia para modernizar la administración procesal. Es apenas una tercera parte de la judicatura, pero representa un altísimo porcentaje sobre los magistrados convocados a la protesta.

Los organizadores sacaron pecho por su poder de llamamiento y elevaron a 2.100 el número de los que pararon, un 60% de los jueces titulares que ayer estaban ejerciendo, unos 3.600 descontados los sustitutos, los que disfrutan de excedencias y las bajas por enfermedad.

El comité de huelga, reunido en la sede de los juzgados ordinarios de Madrid, calificó la convocatoria de «éxito rotundo». Ya no sólo por el porcentaje de participación, que también, sino porque tuvo una gran repercusión tanto en los lugares donde germinó -Extremadura, Murcia y Zamora y en plazas grandes como Madrid, Barcelona o Valencia- como en los partidos que se sumaron después. De ahí que las estimaciones del ministro Mariano Fernández Bermejo, que ayer reiteró en el Congreso que sólo «una minoría» secundaría el paro, se fueran al traste en cuestión de horas.

En un escueto comunicado, el Poder Judicial, que había concluido que la huelga no tenía «cobertura legal», no entró a valorar en profundidad las consecuencias del primer paro de la judicatura, lo que, a juicio de los convocantes, supone un «reconocimiento implícito» del éxito de la convocatoria.

El consejo, eso sí, destacó el «alto grado» de responsabilidad de los que, en su mayoría, decidieron atender a los ciudadanos y sobre las movilizaciones señaló que ponen de manifiesto que existe una «amplía voluntad» de cambio. Por ello, llamó a todos los agentes a trabajar en pro de la modernización de la Justicia.

Regular la huelga

Pese a una larga jornada laboral con sesión de control en el Congreso y reunión con su homólogo portugués, el ministro Fernández Bermejo tuvo tiempo para responder a los huelguistas por partida doble. Por la mañana, previó que la convocatoria iba a ser escasa, y horas después, en la sede del ministerio, anunció que el Gobierno ya no sólo estudia, sino que tiene intención de llevar a la Cámara Baja una ley que diga «que los jueces no pueden hacer huelga». El ministro lo justificó en que los jueces son un poder del Estado y las «costuras del sistema están forzadas» tras el paro de ayer.

Sobre las movilizaciones, afirmó que a los huelguistas les mueven «mejoras retributivas» y tachó de «disparates» reivindicaciones de la carrera como doblar el número de jueces sin modificar el sistema de oposiciones. Pidió a las asociaciones disidentes volver a la senda de la negociación pese a la «división» que cunde ahora en la carrera y señaló que «30 años de retrasos no se subsanan en unos meses».

Fernández Bermejo requirió responsabilidad al Poder Judicial para conocer el alcance real del paro y las consecuencias que pudieran acarrear entre quienes lo hayan apoyado. En este punto, el órgano de gobierno de la carrera tiene previsto estudiar «caso por caso» si los huelguistas incurrieron en algún tipo de falta. Para ello, pedirán a los tribunales superiores de justicia informes sobre cómo afectó la huelga a la actividad de los juzgados.

Régimen disciplinario

El régimen disciplinario contempla sanciones graves para aquellos jueces que no hayan asistido a actos procesales con audiencia pública que estuvieran señalados, algo que ocurrió en destinos como Valladolid o Cantabria.

Asimismo, a los huelguistas se les descontará el sueldo del día si no justifican la ausencia a su puesto de trabajo. El Poder Judicial se va encontrar con dificultades para conocer el perjuicio ocasionado por los huelguistas si éstos no se identifican como tales, ya que en muchos órganos judiciales sus titulares no asisten a diario a sus despachos si no tienen vistas o juicios previstos, por lo que pueden redactar y deliberar sentencias desde su casa.

Lo más probable es que los jueces que secundaron el paro, con la competencia sobre los señalamientos aún intacta, no hayan programado actos para ayer con el fin de evitar que se les abriera un expediente. Los integrantes del comité de huelga garantizaron a sus compañeros que no habrá sanciones y, si existen, «se impugnarán». Al tiempo, criticaron la labor de policía que ha ejercido el Ministerio de Justicia para controlar directamente, a través de los secretarios judiciales, a aquellos jueces que ayer no señalaron juicios o diligencias. «Intentan amedrentar y establecer la figura del guardián en los secretarios», censuró el juez decano de Madrid y miembro del comité de huelga José Luis González Armengol.