ANÁLISIS

El día después

Quizá no importe tanto la cifra precisa de jueces que han hecho huelga -muchísimos, con mucha contención- como su malestar, porque al final depende de ellos que funcione el sistema de resolución jurídica de conflictos. Es sintomático que la hayan hecho sobre todo los de los escalones más bajos, los más sobrecargados de trabajo, los más ajenos al sistema de (des)gobierno y los primeros que han estudiado los derechos fundamentales y los mecanismos constitucionales para garantizar su independencia. Sería bueno dejar de perder tiempo discutiendo si tenían un derecho que la Constitución no les niega, aunque sólo sea porque ya lo han usado. Quizá convendría analizarla desde las consecuencias de tener un sistema jurisdiccional lento (e imprevisible) no sólo para los derechos de quienes acuden a los tribunales, sino para la eficiencia del país y para su crédito internacional. Conviene, en fin, frenar los instintos básicos de darles ahora un escarmiento, atizar una buena pelea -siempre más fácil que hacer algo para modificar sistemas sociales complejos- o aprovechar para alterar el equilibrio entre poderes.

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La huelga puede impulsar un salto evolutivo en el ecosistema asociativo, congelando a las dos agrupaciones que no la han apoyado, beneficiarias de un sistema de gobierno y representación que pudiera estar entrando en crisis; reforzando a las menos implicadas en él, Francisco de Vitoria y Foro Judicial, que han respaldado el paro; y quizá facilitando que nazca una nueva. Que haya más pluralidad hará más difícil la supervivencia del sistema clientelar actual. La huelga también ha puesto de manifiesto una paradoja: que en un sistema institucional tan rico, la solución se sigue esperando del tradicional y depauperado Ministerio de Justicia.

Pero pese al reequilibrio de fuerzas, asociaciones y ministerio se ven hoy como estaban el martes: obligados a seguir la misma negociación, con los mismos interlocutores, el mismo diagnóstico esencialmente compartido y las mismas limitaciones para conseguir recursos que permitan, por ejemplo, aumentar de modo significativo el número de jueces. Si la retomaran discretamente, no cargados de razón o de cartuchos de sal, con la voluntad que permitió reformar la Hacienda y la Seguridad Social hace un cuarto de siglo, harían un gran bien al país.