Los jueces se preparan para la huelga mientras Bermejo advierte de que el CGPJ tendrá que «adoptar medidas»

A escasas horas de que jueces y magistrados de la práctica totalidad de órganos judiciales de toda España secunden el primer paro de este colectivo en la historia, el titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha advertido de la "gravedad" que supone que precisamente los profesionales de la magistratura se pongan en huelga cuando representan un poder del Estado.

Bermejo ha reclamado a las personas "con cordura" de la carrera judicial ejercer mañana la "responsabilidad" que se les presupone como "titulares de un poder del Estado", al tiempo que ha subrayado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá adoptar las "medidas" que estime necesarias ante quienes acudan a la huelga.

A su juicio, las acusaciones que critican la falta de voluntad de diálogo del Ministerio de Justicia son "una broma de mal gusto" y la jornada de huelga supone una "degradación del sistema". No obstante, considera que será "una minoría" la que secunde la huelga. En este punto, ha recordado que el órgano de gobierno de los jueces ya ha confirmado que no existía marco legal para esta movilización y ha defendido que había un clima, aunque no de pleno entendimiento, sí de "comunicación fácil" que prometía "un buen desarrollo" de las negociaciones entre las asociaciones y Justicia.

El ministro ha asegurado vivir "negativamente" este anuncio por la "decepción de ver a titulares de poder del Estado en una actitud que no se corresponde con su responsabilidad". Como fiscal, ha reconocido tener "un plus de sabor amargo" porque "lo último que podía pensar era era ver a unos jueces en huelga ". Dicho esto, ha preguntado a los convocantes "por qué ahora" han decidido celebrar este paro teniendo en cuenta que el Gobierno actual es el que ha creado "más jueces , fiscales, secretarios y funcionarios" así como el que "más ha invertido en infraestructuras".

Asimismo, ha admitido comprender el malestar existente en la Administración de Justicia porque no ha tenido "el gran impulso que debería haber tenido en estos 30 años", pero ha insistido en su rechazo a la respuesta de las asociaciones. "Puedo entender que compartamos diagnóstico y terapia", ha indicado el ministro, quien ha defendido que su departamento ha puesto encima de la mesa ofertas concretas y ha criticado que las asociaciones renunciaran en un primer momento a debatir mejoras salariales a corto plazo, y ahora hayan vuelto a tener la reivindicación retributiva como "uno de sus pilares" de protesta.

Servicios mínimos

El 20% de la carrera judicial, que apoyó la adopción de la medida en juntas de jueces celebradas el 21 de enero en sus respectivos territorios y por dos de las cuatro asociaciones a las que pertenece el 40% de la Judicatura (Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente), secundará mañana la huelga.

Ante la inhibición al respecto del CGPJ, jueces decanos, representantes de ambas asociaciones y de diferentes juntas acordaron en una asamblea en Madrid el establecimiento de unos servicios mínimos que calificaron de "responsables", especialmente para las situaciones en las que puedan "estar en juego" los derechos fundamentales. Así, entre esos servicios mínimos estará garantizada la atención a los recursos contencioso electorales y a las cuestiones de las juntas para no interferir en el proceso electoral gallego del próximo 1 de marzo, así como en el del País Vasco.

También entre las actuaciones que no sufrirán retraso por la huelga está el Registro Civil de matrimonios y, en materia penal, la celebración de juicios con causa con preso y las diligencias de servicios de guardia que afecten a derechos fundamentales como entradas y registros o intervenciones telefónicas.

Los jueces han convocado este paro como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y el CGPJ acepten sus reivindicaciones, que pasan por un incremento retributivo, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea y el no perder la agenda de los señalamientos (potestad que una reforma legal prevé asignar a los secretarios judiciales).