El Defensor del Pueblo denuncia ante el Senado los castigos «desproporcionados» en los centros de menores
Múgica presenta un informe que recoge el resultado de una investigación en 27 de los 58 centros para jóvenes con problemas de conducta que hay en España
MADRIDActualizado:El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha cuestionado el nivel ético de determinados métodos que se aplican a menores con trastornos de conducta y en dificultad social. Lo ha hecho ante la Comisión Mixta del Senado, donde ha presentado el informe sobre los centros de menores, en el que se han analizado 27 de los 58 existentes.
En él, se destapa irregularidades en la atención a los niños internados, como vulneraciones de derechos y castigos "desproporcionados". Según ha declarado el propio Múgica, se trata de "un aguafuerte: un claroscuro sobre la situación de los menores que están ingresados en centros de acogimiento residencial".
"Hemos examinado de cerca un sistema que no está dando los frutos esperados, un sistema cuya financiación supone además un cuantioso esfuerzo económico para la administración y para la ciudadanía (3.810 euros de media mensual por cada menor) un sistema abandonado a la inercia de unos poderes públicos que incumplen a veces sus funciones de vigilancia y tutela, que no garantiza suficientemente los derechos de los menores y que, en ocasiones, incluso les aplica tratamientos que no son los más adecuados a sus necesidades", ha denunciado.
A continuación, Múgica ha enumerado las deficiencias encontradas en algunos de los centros: se prohíbe a los menores la asistencia a centros educativos, se les administra medicación psiquiátrica contra su voluntad y sin ajustarse a la ley reguladora de la autonomía del paciente, se imponen como castigo determinadas medidas de contención o aislamiento, y a veces se efectúan registros personales obligándolos a desnudarse completamente.
La Oficina del Defensor no sólo ha basado sus pesquisas en las denuncias de los jóvenes internados, sino también en las quejas de sus familias y de educadores "que trabajan o trabajaron" en estos centros.
Continúan las investigaciones
En cuanto a la publicación en los medios de comunicación del contenido íntegro del informe dos semanas antes de la presentación oficial ante el Senado, el el Adjunto Segundo al Defensor del Pueblo, Manuel Aguilar, ha negado que hubiera filtraciones y explicó que la institución "no puede controlar" ni el registro público del Congreso donde se introdujo el informe, ni las copias enviadas a diputados, ministerios, consejeros y Fiscalía.
El Fiscal General del Estado ha acordado la apertura de diligencias preprocesales y las oportunas investigaciones sobre las situaciones descritas.