La segunda denuncia de Anticorrupción no salpica al ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco

La Fiscalía Anticorrupción remitió ayer a los juzgados de Jerez la segunda denuncia por posibles irregularidades en el Consistorio jerezano, como avanzó el pasado viernes este periódico. En esta ocasión, las sospechas se centran en la extinguida Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y sus relaciones contractuales con tres constructoras de la ciudad, que en realidad, según los datos aportados, se trataría de una misma sociedad: Jerecom. Esta actuación del Ministerio Público tiene su origen en el extenso informe que en abril del año pasado la alcaldesa Pilar Sánchez, hizo llegar a la Fiscalía y a la Policía Nacional sobre la gestión de Pedro Pacheco entre los años 2003-2007, cuando fue primer teniente de alcalde con la popular García-Pelayo y, en el segundo tramo de la legislatura, con la socialista Sánchez. Sin embargo, en esta segunda denuncia no aparece Pacheco ni ningún responsable político. Aunque, según explicaron fuentes de la investigación, esto no es óbice para que en la investigación que realice el juez instructor se encuentren indicios para imputar a más personas conforme avancen las diligencias.

Este periódico pudo saber que la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a cinco personas, dos técnicos municipales vinculados a la GMU y tres empresarios relacionados con las constructoras que recibieron encargos de la Gerencia para ejecutar obras menores en la ciudad. Los delitos que les imputan son los de malversación de caudales públicos y falsedad continuada. Los datos que han servido de base fueron entregados por la Alcaldía en abril del año pasado, cuando se sitúa la génesis de la ofensiva legal de Pilar Sánchez contra su enemigo político ya declarado, Pedro Pacheco. La información consistía en un paquete de facturas que evidenciaban importantes irregularidades: pagos de la GMU por duplicado y por una misma obra, desvío de fondos públicos para costear unos trabajos que nunca se habían ejecutado u operaciones extrañas en la forma de adjudicar esos contratos.

Las obras que están bajo sospechas superan el medio centenar y de una cuantía inferior a 30.000 euros cada una. Este matiz es importante porque se trata de trabajos que al tener ese importe como contraprestación, se libraban de ser adjudicadas mediante un concurso público. Eran otorgadas a dedo. Sin embargo, la alcaldesa aportó datos sobre el sistema de adjudicación de algunos de esos trabajos, que podrían haber sido divididos en distintas fases porque superaban el límite del presupuesto que obligaba a convocar un concurso y abrir la puerta a otras sociedades ajenas a Jerecom y sus empresas sucedáneas. Así, si un contrato suponía una desembolso de las arcas públicas de 60.000 euros, se dividía en dos contrataciones por un importe más bajo, sin más motivo que un posible trato de favor a unas constructoras que el año pasado dejaron en la calle a miles de trabajadores al declararse en quiebra.

Por ahora, se desconocen los nombres de las cinco personas que constan como denunciadas; si bien, este periódico pudo saber que al denunciarse una malversación, los técnicos municipales implicados son responsables de servicio o unidad, y tenían potestad suficiente para autorizar cada una de las contrataciones. Ahora bien, los indicios recabados hasta ahora por la Fiscalía no han podido determinar que existieran órdenes directas de Pacheco como máximo responsable del área de Urbanismo en el Ayuntamiento. Las mismas fuentes sí subrayaron que el juzgado donde recaiga estas nuevas diligencias puede investigar de donde partió cada una de las decisiones que beneficiaron a unas empresas, que ya fueron denunciadas días atrás por la legión de acreedores que han quedado tras sus cierres.

Malversar o estafar

Este periódico también ha podido saber que la denuncia es sólo el principio de unas diligencias que pueden dar mucho más de sí, si la instrucción consigue determinar si hubo responsabilidades políticas. Aunque también se puede reducir a un caso de estafa, perpetrado supuestamente por unos constructores en connivencia con unos funcionarios públicos.

El cúmulo de irregularidades también alcanza a la propia actividad de unas sociedades vinculadas a la familia Grimaldi. La Fiscalía también recibió las conclusiones de los administradores concursales que indagaron en las cuentas de Jerecom y de otras firmas satélites tras declararse en quiebra. Estos informes, remitidos por el juzgado único de lo Mercantil, alertaban de que todas estas sociedades realmente era una sola, y que iban abriendo conforme cerraban otras.

La información aportada por la alcaldesa, por ahora, ha concluido en dos denuncias, de las cuales sólo una afecta directamente al ex alcalde, quien está a la espera de ser llamado a declarar en calidad de imputado por las contrataciones de dos compañeros de partidos, José López y Manuel Cobacho, quienes ejercieron de asesores de dos sociedades municipales.

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