La constructora con los pies de barro

A finales del año 2007, la quiebra de dos conocidas constructoras en la ciudad dejaba perplejos y en la ruina a numerosos trabajadores del sector y proveedores. Sonaban dos nombres, que se empleaban cada vez que se hablaba de la crisis en Jerez: Fivesur y Jerecom. Ese mismo mes, el Ayuntamiento jerezano anunciaba que destinaría parte de los tres millones de euros sin consignación presupuestaria de la GMU a abonar la deuda con la segunda empresa, ahora mismo en boca de todos por la nueva denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.

Los acreedores de la constructora, indignados, se manifestaban en las puertas del reguero de empresas satélites del universo Jerecom (Nogasa, Sura, Excavaciones Ibáñez, Alcázar y un largo etcétera). Contemplaban estupefactos cómo sus dueños (la familia Grimaldi) evitaban abonarles, mediante todas las artimañas posibles, el dinero que les adeudaban. Poco después, en febrero de 2008, la alcaldesa jerezana anunciaba que investigaría las relaciones de la extinta Gerencia de Urbanismo con Jerecom y el resto de firmas vinculadas. Un año después, y gracias a la presunta trama de corrupción en Jerez investigada por la Fiscalía y destapada por este medio, los afectados han comenzado a recobrar una esperanza que ya tenían casi perdida.

Y es que si por un lado Anticorrupción ha dado un paso en firme en el que se conoce como caso Jerecom y ha puesto una segunda denuncia, y por otro los acreedores han hecho lo mismo a través de su abogado particular, hay que tener en cuenta que ya el informe de la administración concursal, en relación con el concurso de acreedores, advertía de múltiples irregularidades. El documento, cursado en el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Cádiz con fecha de septiembre de 2008, hace en primer lugar un análisis de la constructora, determinando que «la familia Grimaldi viene constituyendo y liquidando empresas dedicadas a la construcción de manera simultánea o sucesiva, teniendo todas ellas el mismo fin, y con importantísimas pérdidas (...)». También llaman la atención las anomalías detectadas en los libros de contabilidad de Jerecom; las trabas puestas por el Ayuntamiento de Jerez a la hora de facilitar información sobre la empresa concursada; el arrendamiento de la maquinaria a un cuñado de la familia propietaria, Juan Luis Ibáñez (Excavaciones Ibáñez), a pesar de que parte de la misma «pertenece a terceros acreedores»; y un largo etcétera.

La administración concursal hace también una exposición de la situación de Jerecom, donde culpa de su coyuntura patrimonial a la captación de mano de obra no cualificada, a la falta de control de los costes y a la generación de papel de «peloteo» entre un grupo de empresas vinculadas (entre las que se encuentran Fivesur y Alcázar) que «ha ido generando un efecto iceberg hasta que ha explotado, corriendo la misma suerte la mayoría de las empresas implicadas». En definitiva, «una mala gestión económico-financiera», a pesar de lo cual «paradójicamente el único socio y administrador social -en referencia a José Grimaldi Corral- llevaba un nivel de vida desproporcionado al nivel de endeudamiento de la concursada. Sirva de muestra el turismo BMW 730 adquirido mediante contrato de financiación a comprador de bienes inmuebles de fecha cuatro de diciembre de 2006».

Pésima situación financiera de la que se culpa al director financiero de la concursada, Javier García, y que ha provocado «la ruina de muchos pequeños acreedores».

El informe habla también de «la posible comisión de hechos delictivos» que exponen para que «sean investigados, en su caso, por el Ministerio Fiscal». Igualmente, hace hincapié en la constatación de que «la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez ha ido contratando hasta fecha bien reciente a las sucesivas empresas que se iban creando. No siempre estas adjudicaciones fueron por el sistema de concurso público, sino que, al contratarse como obras menores, podía evitarse» este hecho.

Asimismo, concluye el reseñado documento, «cuando se trataba de concurso público presentaban una oferta inferior al coste real de la obra para de este modo garantizarse la adjudicación».