Impunidad anulada

La determinación por parte de un novedoso movimiento de jueces no afiliados y de los miembros de dos de las cuatro asociaciones profesionales de mantener el llamamiento a la huelga para este miércoles, a pesar de la posición contraria del Consejo del Poder Judicial, del Gobierno y de todos los partidos con representación en el Congreso, refleja un irresponsable empecinamiento que no puede encontrar justificación en el vacío legal en que se escudan los convocantes. No sólo porque ese vacío no se había interpretado como tal hasta ahora, dado que la imprevisión constitucional al respecto se ha venido poniendo en relación con la imposibilidad expresa de los jueces para poder sindicarse o militar en partidos políticos; y también con su consideración no como simples funcionarios públicos, sino como los integrantes de un poder del Estado esencial para el sostenimiento del mismo. No es cierto, como parecen pretender quienes apoyan la huelga, que el debate jurídico abierto y la disparidad de algunas posiciones vengan a avalar una reivindicación insólita en tres décadas de democracia. Antes al contrario, es la apuesta por una movilización excepcional la que ha azuzado una controversia cuya resolución no debe encararse, en ningún caso, a la luz de una medida de presión adoptada sin cobertura legal, tal y como ha advertido el CGPJ.