TRES MIL AÑOS Y UN DÍA

La pista gaditana de la Operación Gürtel

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En alemán, la palabra correa puede traducirse por Gürtel. Y ese, según los medios de comunicación, es el nombre con que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales y la Brigada contra el Blanqueo de Capitales (UCDEF-BLA), de la Brigada Central de Policía Judicial, bautizaron a la redada por una trama de corrupción que interesa a empresarios, intermediarios y cargos públicos del Partido Popular. Se trata de un claro homenaje codificado a la persona de Francisco Correa Sánchez, el cabeza visible de la empresa Special Events y aparente cerebro de la trama que instruye el juez Baltasar Garzón, de los de la Audiencia Nacional.

Las imputaciones iniciales del caso recogen presuntos delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias, y blanqueo de capitales. Uno de los escenarios de las actuaciones policiales fue la provincia gaditana, en concreto las localidades de Tarifa y el complejo residencial de Sotogrande en San Roque. Sin embargo, todos los indicios apuntan a que dichos enclaves, como también la urbanización La Alcaidesa, a caballo entre San Roque y La Línea, habrían supuesto tan sólo piezas del fabuloso patrimonio amasado por algunos de los principales encausados. En especial, Francisco Correa testigo en su día de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar.

El hecho de que las investigaciones se hayan llevado directamente desde Madrid, con los dispositivos policiales prácticamente cerrados y coordinados en origen sin apenas intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la provincia gaditana, ha impedido conocer detalles locales de estas pesquisas. Sin embargo, lo que si se sabe es que las actuaciones policiales del viernes de la pasada semana se llevaron a cabo en cinco fincas de Sotogrande y, según todos los indicios, en una de Tarifa. Alguno de dichas propiedades estaba a nombre de María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, Su padre, el empresario pontevendrés Emilio Rodríguez Bugallo, que era titular de la plaza de toros de Puerto Banús y que falleció el pasado mes de junio, fue uno de los constructores imputados en el caso Malaya. Otras de estas escrituras llevan el nombre de Pablo Crespo Sabaris, administrador de Special Events, que fuera secretario de organización del PP en Pontevedra y diputado por dicha provincia. Claro que también se cuentan posesiones inmobiliarias en enclaves como Cartagena de Indias, Las Rozas, Ibiza -en concreto una finca en Sant Juan de Labritja-y en Puerto Marina, un lugar que aparece mencionado en el auto y que podría ser el puerto deportivo de Benalmádena, que recibe dicho nombre o simplemente la marina de Sotogrande, en San rouqe. Al margen de los imputados ya dichos, las restantes propiedades están registradas a nombre de empresas como Osiris Patrimonial –en la que coincidieron el ex consejero delegado de Repsol e imputado por el juez Garzón, José Ramón Blanco Balín, y el anteriormente mencionado Pablo Crespo Sabaris–, Karoki S.L. y Castaño Corporación S.A. De esta forma, y según el auto del controvertido juez, Correa, sus socios y otras personas interpuestas, habrían llegado a reunir «un patrimonio inmobiliario en España que tiene un valor muy elevado considerando el lugar donde están ubicados», escribe de forma algo escueta el juez Garzón.

Por la jaula dorada de Sotogrande, se dejaría caer también Luis de Miguel Pérez -que crearía con Pablo Crespo en 2003 la empresa Orange Market filial de Special Events en Valencia--, Guillermo Ortega, ex alcalde del PP en Majadahonda y antiguo jefe de la esposa de Correa. También, el empresario Antoine Sánchez, administrador de la constructora Catalunya Nord Record y de Inversiones Kintamani, dos de las empresas sospechosas que aparecen mencionadas en las diligencias diligencias previas 275/08, aunque se caso carezca de relación directa con el partido conservador. Precisamente, esta última empresa titula uno de las propiedades en las que intervino la policía. Mientras, según todas las apariencias, los encausados manejaban millones de euros en sus trapisondas entre mercantiles y políticas, esta última firma recibió el pasado año el apremio del servicio provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, a través de sus oficinas en San Roque, por una deuda ridícula, al menos visto lo visto: 3.316 euros.

Algunos medios de comunicación han llegado a asegurar, citando fuentes policiales, que se baraja otro medio centenar de nombres de empresarios y «mediadores» relacionados con cargos del PP en Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Sin embargo, no existe rastro alguno en la provincia de Cádiz, de la firma Rial Green, la principal empresa de esta presunta banda que ha recibido encomiendas de dicho partido en Andalucía: en concreto, la del grueso de la propaganda electoral de los conservadores en las elecciones autonómicas de 2004, actividad por la que nunca llegaron a rendir facturas ante la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Hasta ahora, en lo que se refiere a la red de blanqueo del grupo, se ha hablado de Suiza, las Antillas Holandesas y las Islas del Canal, pero al menos hay una pista indirecta que conduce también hacia el centro financiero de Gibraltar. Y es que el consejero de la empresa valenciana Orange Market José Ramón Blanco Balín, imputado por el juez Baltasar Garzón en la operación Gürtel, es uno de los 67 españoles investigados por la Fiscalía Anticorrupción en otra causa abierta en la Audiencia Nacional por evasión de capitales a Liechtenstein. La acusación que pesa contra su persona, en ese caso, estriba en el asesoramiento que habría prestado a través de un despacho en Madrid para consumar un fraude a la Hacienda Pública valorado en más de 73 millones de euros. Pues bien, en esas mismas diligencias se encuentra encausado su socio en el bufete R.Blanco-Guillamot. Se trata de Andrés Guillamot, que actúa como representante de sociedades en Panamá, en las Islas Vírgenes y en el Peñón. Dos empleados del despacho han sido también empapelados por Garzón. Habrá que ver si el hilo no termina escondiendo el ovi