«Pilar Sánchez ha roto el pacto de silencio que existía al jugar mal sus cartas»

Francisco Pérez Vera espera en el Hotel Tryp, después de varias horas de viaje desde Granada y de pasarse por los juzgados jerezanos a completar la denuncia de los acreedores de Jerecom, a los que, como a otros muchos damnificados por la gestión del urbanismo jerezano en los últimos años, representa. Le comento que, para su información, le estoy entrevistando en el mismo hotel en el que los medios se han encontrado últimamente con Pacheco. «¿No me digas! Si lo llego a saber...», exclama.

-Ya le han bautizado como el azote municipal: parcelistas de Los Garciagos, de los huertos de ocio, Jerecom...

-No creo que sea yo el azote municipal, sino más bien que determinadas personas de determinados organismos públicos se convirtieron hace tiempo en el azote de Jerez de la Frontera y de sus ciudadanos. Además no es cosa nueva, yo comencé a venir a Jerez cuando empezaron a citarme a que viniera por aquí en 1998. Era muy extraño que personas a las que no conocía de nada se desplazaran a buscarme a más de 300 kilómetros a mi despacho de Guadix. Fueron unos afectados de la Venta Los Callos. Luego ya fue el boca a boca.

-Pero por algo se dirigirían a usted...

-Tengo un despacho de cierta solvencia en Guadix y otro en Roquetas. Siempre especializado en temas urbanísticos y administrativos. Alguien debió comentarles que existíamos y hablarle bien. Yo fui el primero en sorprenderme, ya que la lejanía dificulta mucho la prestación de servicios y la encarece.

-Ahora va ganando fama. En el caso de los huertos de ocio, ha logrado que el TSJA declare nulos los desalojos forzosos.

-Este caso me llamó especialmente la atención. Es impresionante que me llamaran urgentemente estas personas diciendo que unas máquinas las habían echado fuera de sus tierras. Cuando llegué, fue impactante ver a estas personas desesperadas, en una impotencia terrible, que no acababan de creerse que esto estuviera pasando. Y creyendo como todos creíamos que era una operación ilegítima y no al servicio de intereses municipales, sino de determinada entidad mercantil. La verdad que no acababa de dar crédito a que en este país pudieran suceder estas cosas.

-La alcaldesa de Jerez ya ha dejado entrever que habrá que indemnizar a los afectados...

-Claro. El problema es cómo van a hacerlo, ya que hay bienes susceptibles de ser valorados, pero el daño moral cuesta mucho trabajo reparalo. Lo verdaderamente incomprensible es que la propia Administración hiciera lo que hizo, además de haber ocultado luego documentos que hemos demandado. Eso fue precisamente lo que nos movió a que iniciáramos la vía penal. Se habían empleado las potestades públicas para defender supuestamente los intereses privados de unos pocos.

-¿El Ayuntamiento de Jerez oculta habitualmente la información que se le pide?

-La vulneración sistemática de los derechos ciudadanos para acceder a los archivos públicos es y ha sido una práctica en el Ayuntamiento de Jerez y la extinta GMU. No he logrado, casi nunca, tener acceso a los expedientes que pedía. Lo preocupante es que, más que una excepción, se ha convertido en una regla. Es increíble que las autoridades no hayan reaccionado. Se nos ha llamado de todo: a los de Los Garciagos, que eran unos viejos poco menos que locos y que buscaban dinero. Pedro Pacheco llegó a decir, desde el primer momento, que jamás iban a poder disfrutar de lo que tenían por sus propias parcelas, mientras se mantuviese su situación de oposición a que fuesen expropiados, y de hecho se está cumpliendo.

-¿Han cambiado las cosas con el nuevo Gobierno municipal?

-El fenómeno que se ha dado en Jerez ha hecho cierto lo que dice Lampedussa en El Gatopardo: «Es necesario que todo cambie para que todo siga igual». Estos sistemas que se crearon de presunta corrupción se han ido adaptando perfectamente a los distintos cambios. En la época de Pedro Pacheco la situación podía ser grave, pero hay que reconocerle el hecho de que él no usaba careta. El problema surge cuando se empieza a enquistar la situación, y es en primer lugar cuando comienza a estar vigente el pacto con María José García-Pelayo y luego cuando sigue con Pilar Sánchez.

-¿Para usted son entonces tan responsables las dos alcaldesas posteriores como Pedro Pacheco?

-Pacheco comenzó a preparar este fenómeno en la época en que estuvo. Él era delegado de Urbanismo, pero delegado de la alcaldesa. Sucede a nuestro entender que mientras ese pacto sirviera para alcanzar determinados objetivos políticos, no importó nada más. Y que esos pactos implicaban entre otras muchas cosas un pacto de silencio sobre lo que se hacía. Y ha sido últimamente Pilar Sánchez quien, quizá jugando mal sus cartas, ha roto el pacto. Hay que recordar que el actual delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, dijo en su día que quien tuviera que denunciar algo, que lo hiciera. ¿Pero es que él no sabía nada a mediados de 2007 de lo que hay ahora? Tenemos la convicción de que lo conocían perfectamente.

-Pinta usted un panorama realmente negro en el Ayuntamiento de Jerez...

-En todos los sitios hay problemas, lo que pasa es que en el caso de Jerez es especialmente significativo por el tamaño de los problemas que ha generado. Lo que en otros sitios es una excepción, aquí es una regla. En todas partes puede haber conductas al filo de la navaja o directamente constitutivas, presuntivamente, de infracción penal. Pero los ayuntamientos normales no se lo saltan todo a la torera y menos en beneficio de determinados sectores. Lo que aquí está ocurriendo es una perversión del sistema.

eesteban@lavozdigital.es