El Gobierno elude defender a Bermejo

El Gobierno no amonestará en público a Mariano Fernández Bermejo, pero tampoco sacará la cara por él. La vicepresidenta primera tuvo que enfrentarse ayer a una sesión casi monográfica de la Prensa sobre los dos días de cacería que el ministro de Justicia y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón compartieron justo cuando éste acaba de poner en marcha la operación contra la supuesta trama de corrupción que afecta al PP. María Teresa Fernández de la Vega insistió en que lo importante es la investigación en sí. Evitó justificar un encuentro que, a juicio del ex ministro socialista y alcalde de Las Palmas, Jerónimo Saavedra, merecería la dimisión del ministro.

La reacción de la número dos del Ejecutivo fue muy similar a la que el jueves tuvo el propio José Luis Rodríguez Zapatero cuando se limitó a considerar que la respuesta de los populares es una «exageración» y recomendó a Mariano Rajo que resuelva sus problemas sin lanzar balones fuera. Sólo que Fernández de la Vega ni siquiera utilizó ese adjetivo para referirse a las críticas del PP. o a su decisión de pedir la recusación de Graznó.

En las filas socialistas muchos admiten que, cuanto menos, la confraternización campestre del juez y el ministro es «estéticamente fea» e «inoportuna». La vicepresidenta no quiso «entrar a calificar» el episodio e intentó salir del paso con un «sobre las relaciones personales del ministro no tengo nada que decir». Sin embargo, más adelante, lanzó un mensaje algo críptico para el PP, al que aseguró que la «transparencia» es el mejor antídoto contra conspiraciones «reales o inventadas».

La situación de Bermejo es muy delicada. El ministro, nombrado en la legislatura pasada cuando el entendimiento con el PP en materia judicial parecía imposible y los socialistas clamaban por un titular beligerante para sustituir a Juan Fernando López Aguijar, arrancó este mandato con los funcionarios de la administración de Justicia en pie de guerra. Zapatero lo mantuvo en su puesto, como hizo con la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, pese a la enorme animadversión que despertaba en la oposición y eso le obligó a negociar personalmente, junto a su hombre de confianza en el Congreso, José Antonio Alonso, la conflictiva renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

Ahora es la judicatura, con sus amenazas de protestas y huelga el 18 de febrero, la que está soliviantada. Incluso los magistrados progresistas de la Asociación Jueces por la Democracia emitieron un comunicado en el que acusaron a Bermejo de carecer de «capacidad de diálogo y conciencia del respeto», y exigieron un cambio de interlocutor en las negociaciones.

El ministro ya ha sido ligeramente apartado, pero sin alharaca. Fuentes del Gobierno sitúan la conversación con las asociaciones en el ámbito de Consejo del Poder Judicial y, en todo caso, conceden mayor protagonismo al secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, que a Bermejo. En este ámbito y en el parlamentario.