Garzón tiene «indicios» que implican a aforados del PP en la trama corrupta

El juez Baltasar Garzón afirma tener «serios indicios» de que aforados del Partido Popular participaron de la trama de corruptelas y cohechos tejida por el empresario Francisco Correa en las comunidades de Madrid y Valencia. El instructor considera que las pruebas contra estos altos cargos son tan contundentes que ya ha puesto en marcha el mecanismo de la inhibición para dejar en manos de los tribunales superiores de las dos autonomías la parte de la investigación que afecta a esos territorios.

El magistrado se cuidó de mencionar al PP en la resolución en la que ordena el ingreso en prisión de Correa y sus dos principales colaboradores, pero no ha tenido más remedio que hacerlo en el breve escrito en el que rechaza la pretensión del partido de personarse como perjudicado en esta causa.

En defensa de su decisión, el juez revela que las investigaciones realizadas en los últimos meses por la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Financiera (UCDEF) han puesto de manifestó que «existen serios indicios de que personas vinculadas, o integrantes, de esa formación política podrían tener responsabilidad penal en esta causa» o en las que puedan abrirse «tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento» de algunos de los sospechosos.

La decisión de desguazar el sumario está pendiente de informe de la Fiscalía Anticorrupción, y el juez no la plasmará en tanto no haya concluido el «análisis policial y pericial de los documentos y datos» requisados en los últimos registros.

La imputación de altos cargos del PP sirve al juez para apartar al partido del sumario apenas un día después de que los dirigentes Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría le pidieran ser parte en la causa.

El magistrado les devolvió ayer el escrito de personación con una resolución de apenas dos páginas en las que concluye que el PP, «jurídicamente hablando», no ha sufrido «perjuicio» alguno ya que en todo caso las únicas perjudicadas serían las administraciones e instituciones a las que pertenecen los supuestos corruptos, «algunos de ellos ya imputados», en referencia a los ex alcaldes madrileños de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y de Majadahonda, Guillermo Ortega.

El juez recuerda que el PP no puede ser parte en el proceso 275/2008 a «título de imputado» porque no es un individuo, si no una persona jurídica. Y tampoco puede, por el momento, aparecer en el sumario como posible «responsable civil subsidiario» de las malversaciones que hicieron sus cargos, ya que esto sería «prematuro» habida cuenta de que la investigación apenas se ha iniciado.

Nada más conocer la decisión del juez, el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, tachó de «desfachatez» la decisión del magistrado de no considerar perjudicado al partido y anunció la «inmediata» presentación de un recurso. «Es una barbaridad inaceptable que anuncie que puede haber imputados en el futuro que puedan ser aforados, como si fuera una amenaza», denunció el ex ministro.

Desde que la Policía comenzó a investigar, sus expertos dieron por seguro que el sumario iba a tener que despiezarse antes o después, ya que los nombres de altos cargos aparecieron casi desde el inicio de las pesquisas. En el futuro, Correa, sus secuaces, sus empresas, el blanqueo de capitales en paraísos offshore, los fraudes fiscales y la compra de favores en los ayuntamientos, entre otros chanchullos, se quedarán en la Audiencia Nacional.

Los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia se ocuparán, caso por caso, de los sobornos, los delitos de tráfico de influencias, las falsedades en documentos oficiales y las posibles prevaricaciones de los altos cargos al favorecer en sus resoluciones a las empresas de Correa a cambio de dádivas. Según altos responsables de la investigación, al menos cuatro personas aforadas corren el riesgo de sentarse en el banquillo de los acusados a la vista de los documentos en poder del juez Garzón. Dos de ellos son dos aforados madrileños que aceptaron sobornos en 2006 y 2007 cercanos a los 400.000 euros.

Documentación sensible

Los nombres de otros tres aforados aparecen en varios documentos, aunque las «pruebas contra ellos no son tan contundentes» como las que hay contra los cuatro primeros. Mucha de la documentación sensible ha aparecido en el registro del piso de seguridad de la red en la calle Martínez Campos 37 de Madrid, que Correa utilizaba como cuartel general pese a no estar dada de alta como oficina.