Opinion

Autonómicas y nacionales

Las elecciones autonómicas del próximo 1 de marzo en Galicia y el País Vasco, cuya campaña ha dado comienzo oficialmente hoy, adquieren una dimensión nacional no sólo debido a la trascendencia de los resultados que en esas dos comunidades obtengan el PSOE y el PP, también porque de las mayorías que gobiernen en Santiago y en Vitoria dependerá en buena medida el futuro del Estado autonómico. Además, los comicios en Euskadi van a dirimir si la política vasca se encamina de la mano del nacionalismo hacia un fatal desenganche respecto al Estado constitucional o si, por el contrario, se orienta hacia la moderación y el reencuentro definitivo con el resto de España. El panorama político gallego, circunscrito a tres fuerzas parlamentarias -PP, PSOE y BNG-, reduce las incógnitas a una sola: la eventualidad de que el Partido Popular obtenga mayoría absoluta. De no ser así parece evidente que la actual coalición de gobierno entre socialistas y nacionalistas se impondrá a la previsible victoria popular.

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Ello supone un problema ineludible para el PP gallego, obligado a arrasar en las elecciones para poder gobernar, porque la hipótesis de que pudiera establecer alguna suerte de alianza con socialistas o nacionalistas resulta demasiado remota para una formación tan democrática como las demás. Pero también refleja el sesgo excluyente con el que las otras dos formaciones trazan el futuro político de Galicia. Un futuro que será tanto más enriquecedor cuanto más abiertas queden las posibilidades de combinación post-electoral. Por su parte, Euskadi se aproxima a las elecciones con una novedad y una expectativa: el desalojo judicial de la izquierda abertzale de los próximos cuatro años del Parlamento vasco y la posibilidad cierta de que esta vez no gane el PNV. Datos ambos que contribuyen a debilitar las perspectivas del soberanismo de trazar una estrategia de facto a lo largo de la próxima legislatura.

Pero para el resto de los españoles Galicia y Euskadi representan, también, la doble cara de las finanzas autonómicas en un país en plena recesión: la de una comunidad que requiere de solidaridad por parte de las más ricas y la de otra a la que el resto de los españoles tienen derecho a exigir un mayor esfuerzo de cooperación.