El PP quiere al juez fuera del proceso al creerle «contumazmente hostil»

El Partido Popular llevó ayer su estrategia de defensa a la Audiencia Nacional, donde exigió que el juez Baltasar Garzón abandone de inmediato la investigación sobre la trama de corrupción que le afecta porque ha sido «contumazmente hostil» contra el partido en los últimos lustros. La formación que dirige Mariano Rajoy aduce como prueba de la animadversión que les profesa el magistrado el hecho de que no suspendiera sus vacaciones en agosto del pasado año cuando un etarra por él excarcelado amenazó a concejales populares de Getxo (Vizcaya).

La iniciativa tiene un recorrido complicado. Para recusar al juez, el PP primero tiene que ser parte en la causa. Así lo solicitó ayer mediante un escrito en el que aduce que los datos de la investigación que se están filtrando a los medios de comunicación ponen en un brete la buena imagen del partido, por lo que reclama acceder al sumario como acusación particular para poder defenderse.

El escrito busca el amparo del artículo 761.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que le exime de la obligación de precisar contra quién y por qué dirige su acusación. Fuentes de la Audiencia Nacional auguran un oscuro futuro a la iniciativa, dado que, por lo que apunta la investigación, el PP puede verse obligado a ocupar posiciones de defensa en calidad de responsable civil subsidiario de los delitos perseguidos, lo que impide ejercer la acusación. «Nos hemos personado para defendernos y para acusar a quien resulte pertinente», explicó ayer Federico Trillo, coordinador de Justicia y Libertades Públicas, que a las puertas del edificio judicial insistió en la «absoluta indefensión» en la que se encuentra su partido frente a las informaciones sobre las pesquisas del magistrado.

Si el juez Garzón aceptase ahora su personación, el primer trámite a resolver será su propia recusación, por lo que el sumario pasaría a su sustituto natural, el juez central de Instrucción 1, Santiago Pedraz, a los únicos efectos de resolver la petición del PP. El escrito asegura que «desde el primer momento en que se hicieron públicas las detenciones, el asunto que nos ocupa fue planteado como una causa general» contra el partido, que se considera víctima habitual del instructor. El escrito, presentado en el juzgado por Trillo y la portavoz parlamentaria popular, Soraya Sáenz de Santamaría, recuerda que Garzón fue reclutado por el PSOE para la campaña electoral de 1993, en la que pidió el voto para los socialistas y dirigió duras críticas al PP. Fue elegido diputado, quedó encuadrado en el Grupo Parlamentario Socialista y llegó a ser delegado del Gobierno (socialista) para el Plan Nacional sobre Drogas.

El PP recoge un sinfín de declaraciones de todo tipo para demostrar «el interés directo del PSOE por utilizar este sumario para manchar el buen nombre del PP y sus dirigentes». Y añade dos datos que en su opinión certifican dicha animadversión. El primero, el sumario que instruyó por el presunto fraude con las subvenciones europeas al lino, en el que imputó a varios cargos populares de Castilla y León en plena campaña electoral al Parlamento europeo en 1999.

El segundo, el pasado agosto. «Un etarra sometido a su jurisdicción que había sido puesto en libertad por su señoría sin mayores garantías», en referencia a Zigor Goikoetxea, hermano de Arkaitz, jefe 'comando Vizcaya' de ETA, amenazó e intentó agredir a los concejales del PP en Getxo, sobre todo a Marisa Arrue.

La prensa informó de ello, pero «el magistrado recusado no sólo no reaccionó, sino que permaneció -como el pasado fin de semana- de vacaciones, forzando a que presentara la necesaria denuncia tanto la señora Arrue como el PP, lo que dio lugar, venturosamente, a que se acordara por la Audiencia Nacional, que no por el juez Garzón, su reingreso en prisión».

La cacería

«Probado ya de forma irrefutable el posicionamiento contumazmente hostil del señor Garzón contra el PP y el interés directo del PSOE y del Gobierno en el sumario», el PP descubre que el pasado fin de semana el magistrado compartió jornadas cinegéticas y mantel con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la fiscal Dolores Delgado y el comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González. El PP denunció también el cónclave cinegético ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en los mismos términos en los que reclamó la recusación de Garzón. Le resulta «escandaloso» el encuentro con el ministro porque «la trascendencia del hecho no alcanza sólo a la ética más trascendental y transgrede escandalosamente el deber de independencia que debe acompañar en todo momento a un magistrado, sino que además le sitúa directamente en las causas de recusación aquí alegadas».

El partido que lidera Rajoy parece decidido a utilizar esa batida como ariete defensivo. Dolores Cospedal, secretaria general del partido, denunció ayer que «este tipo de actuación, esta vulneración de las reglas más elementales de la democracia, nos parece absolutamente impresentable».