Garzón acusa a Correa de enriquecerse mediante sobornos en Madrid y Valencia

El juez Baltasar Garzón considera que el empresario Francisco Correa es el máximo responsable y principal beneficiario de un entramado empresarial creado en torno a Special Events para ocultar el mecanismo corrupto que «sobornó» a «autoridades públicas» de Madrid y la Comunidad Valenciana con todo tipo de «dádivas» para conseguir contratos ventajosos, la organización de eventos públicos de todo tipo en esas dos regiones o la participación en sustanciosas operaciones inmobiliarias irregulares.

Así aparece reflejado en la resolución en la que ayer de madrugada el juez ordenó su ingreso en prisión incondicional por la gravedad de los delitos que le imputa, que son blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental, múltiples de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Además, Correa había comenzado a hacer desaparecer pruebas y parecía dispuesto a huir. Según los responsables de la Unidad Central de Delitos Económicos y Fiscales (UCDEF) de la Policía Judicial encargados de la investigación, Correa había iniciado los trámites para solicitar la nacionalidad panameña y había comentado a sus allegados que pensaba abandonar España el pasado sábado.

Antes, ese mismo día, tenía previsto asistir en Barcelona al bautizo del hijo de Álvaro Pérez Alonso, presidente de una de las sociedades implicadas en la trama, Orange Market, de la que la Policía sospecha fue el principal 'tentáculo' del grupo en la Comunidad Valenciana.

Los agentes informaron al juez del «nerviosismo» que Correa mostraba en los últimos días, hasta el punto de que había dado instrucciones «a otros miembros de la organización» para que escondieran documentación y aumentaran sus cautelas a la hora de hablar por teléfono, al sospechar que los agentes le pisaban los talones.

Ante esos datos, Garzón precipitó la redada, que se adelantó al viernes pasado, en la que también cayeron sus dos principales colaboradores, el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo Sabaris y su primo y testaferro, Antoine Sánchez. Los dos fueron encarcelados también por orden del juez Garzón.

El magistrado cree tener ya «indicios suficientes» de que Correa «lideraba un grupo organizado» que usaba un «conglomerado» de hasta 23 empresas diferentes para «nutrirse de fondos» de ayuntamientos y gobiernos autónomos.

El empresario usaba «como norma común y frecuente» los sobornos a «funcionarios y autoridades públicas», a los que «entregaron regalos, presentes y cantidades de dinero» para «promover voluntades de quienes tenían responsabilidad en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado».

Con esa fórmula obtuvieron «contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas». Insiste el instructor que esos chanchullos se han llevado a cabo a lo largo de los últimos diez años y que la labor principal del grupo era la «realización de operaciones y organización de eventos para captar negocios y por ende fondos», sobre todo en las comunidades de autónomas de Madrid y Valencia.

De momento, el magistrado se queda ahí. Su resolución no menciona ni una sola de las operaciones presuntamente delictivas, ni identifica a las instituciones o cargos públicos implicados. No cita a partido político alguno. Todo queda a expensas de pesquisas en marcha que permanecen protegidas por el secreto del sumario.

Patrimonio millonario

La trama desvelada hasta ahora por el magistrado «no alcanza a la totalidad de actividades delictivas» que persigue su indagación, que puede «afectar a un mayor número» de personas. Por ahora, el magistrado ha despejado su primera incógnita: aclarar el puzzle empresarial utilizado para conducir una «inversión especulativa» en cadena que reportó a Correa un «patrimonio inmobiliario en España con un valor muy elevado» que ni el juez ni los expertos de la UCDEF se atreven a cuantificar. Los agentes han descubierto millonarias propiedades de Correa en Cartagena de Indias (Colombia), Ibiza (Islas Baleares) y Las Rozas (Madrid), así como en Sotogrande, el puerto náutico de San Roque y Tarifa (Cádiz). Las pesquisas son complejas porque la trama utilizó territorios offshore (paraísos fiscales) para ocultar sus movimientos. En concreto, las empresas que actuaban en España se surtían de capitales de otras firmas de la trama radicadas en el Reino Unido y Holanda que, a su vez, recibían inyecciones de fondos de paraísos como las Islas del Canal o las Antillas Holandesas. Esos aportes, a su vez, eran reinvertidos áreas como China, Azerbaiyán o Miami, operaciones todavía sin aclarar.

El juez de la Audiencia Nacional relata cómo, durante años, Correa ha construido su entramado empresarial basado en «testaferros y despachos de asesoramiento jurídico y fiscal». Al frente de esta complicada estructura, de la que el juez deja ver que se conoce sólo la punta del iceberg, situó a Crespo Sabaris, aunque el líder de la trama, siempre desde la sombra, es quien en todo momento da las «instrucciones», hasta el punto de que él controla hasta las «dádivas a funcionarios públicos» con el fin de «obtener provecho económico para él y el grupo que dirige» o «para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio».

En esa estructura piramidal, Crespo es el responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa y de captar nuevas inversiones basadas en las corruptelas políticas, mientras Antoine Sánchez es el hombre de paja que figura al frente de las empresas sin poder ejecutivo, ya que las decisiones son siempre de Francisco Correa.