El Ayuntamiento de Cádiz ayuda a pagar las hipotecas a un centenar de familias asfixiadas por la crisis

La luz de alarma de la crisis parpadea cada vez con más intensidad y el sonido de la situación de pobreza en la que se ven sumidas algunas familias retumba cada día con mayor fuerza. Resulta muy complicado cumplir a rajatabla con el pago de una hipoteca. «De dónde sacamos para pagar los recibos si ni siquiera tenemos para comprar comida». Esta es una de las frases más repetidas de quienes llegan a pedir ayuda a las organizaciones sociales.

La situación va subiendo peldaños conforme pasan los meses y no cesa la destrucción de empleo. El último dato arroja en la provincia 151.000 parados. El Ayuntamiento de Cádiz se ha encontrado con familias que piden ayuda para pagar la letra del piso ante la inminencia de un desahucio o la subasta del mismo. La responsable del área de Familia del Consistorio, Mercedes Colombo, ha confirmado a este periódico que su departamento ha autorizado en los últimos cinco meses, previo informes de los trabajadores sociales, al pago de estos recibos o a una parte de ellos de un centenar de familias.

El perfil de quienes acuden ahora a las organizaciones sociales y a la propia Administración local buscando ayuda para salir adelante ha cambiado. Colombo señala que «la situación es muy grave» y las personas que llegan a su despacho lo han perdido casi todo, «sólo les queda la vivienda y no pueden hacer frente a los recibos de la hipoteca». Hay familias que están al borde del desahucio y con el piso a las puertas de una subasta. El Ayuntamiento de Cádiz, ante esta situación, ha subido un escalón en materia de política social. Colombo adelantó a LA VOZ que el Consistorio está asumiendo desde hace cinco meses el pago de algunas hipotecas.

El Ayuntamiento no tiene obligación ni competencias a la hora de asumir estos gastos, «pero la situación es para muchas familias insostenible». En estos momentos, un centenar de parejas está recibiendo la ayuda municipal para afrontar el pago de su recibo hipotecario. «Si se van de alquiler tampoco podrían pagarlo, por tanto, se ha optado por esta fórmula en los casos más extremos», aclara Colombo.

Este tipo de parejas confía en remontar la situación a medio plazo. Se trata de una ayuda a fondo perdido. Son familias jóvenes de entre 30 y 35 años, de clase media que trabajaban los dos y se han quedado en paro. Los requisitos son bastante estrictos para acceder a este tipo de ayudas. Así, una trabajadora social es la que hace el informe de evaluación. Ahora se pueden acoger a la moratoria de la hipoteca que ha anunciado el Gobierno central.

Según Colombo, «las medidas anticrisis que anuncia Zapatero no se las cree nadie y menos aún los afectados. Vienen con la lección aprendida».

El Ayuntamiento gaditano gastó el pasado año en ayudas sociales poco más de un millón de euros y esta cantidad se ha doblado en los presupuestos de 2009. Entre las partidas destacan los 404.243 euros que se han destinado a ayudas a fondo perdido para afrontar deudas de alquiler. Este dinero ha ido a parar a aquellas familias que no llegan a final de mes y les cumplía el arrendamiento. En este mismo paquete se encuentran los 50.898 euros destinados al pago de las letras hipotecarias. No son las únicas ayudas que concede el Consistorio. El año pasado se destinaron 59.900 euros a pagar recibos de luz de familias con problemas y 50.000, para recibos del agua.

El concejal de Hacienda, José Blas Fernández, ha destacado que se ha visto obligado a doblar el presupuesto consignado a gasto social ante la avalancha de solicitudes que han llegado al Ayuntamiento reclamando ayudas. Cabe destacar que Cáritas, estima que las familias en situación crítica en Cádiz podrían alcanzar las 500.

El concejal de Hacienda explicó a este periódico que el compromiso de pago no se adquiere con el afectado sino con el propio banco donde tiene suscrita la hipoteca. Esta decisión municipal viene avalada por un informe de los trabajadores sociales donde se certifica que el matrimonio en cuestión no puede con la carga y se enfrenta a la subasta inminente. Esta situación pactada no es eterna. El aval municipal tiene caducidad y son los servicios sociales quienes lo marcan.

La Asociación Pro Derechos Humanos dio la voz de alarma a finales del pasado año. Cádiz era la ciudad con mayor porcentaje de exclusión social de la provincia con casi 25.600 personas en esta situación. De hecho, según el estudio, uno de cada cuatro gaditanos que sufre pobreza severa en la provincia se encuentra en la capital. Además, según el mismo informe, hay que considerar que existen otros 16.000 vecinos que sufren pobreza relativa. Las barriadas donde se concentra esta población siguen siendo las más humildes del centro, como La Viña, Callejones o El Pópulo. El informe aludía a los pobres relativos, que son los que se han quedado sin empleo y preveía un fuerte aumento de este colectivo.