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Mujer embarazada, con una pegatina en la que pone "Life" en la blusa, participa en una concentración contra el aborto./ Archivo
interrupción voluntaria del embarazo

Las clínicas abortivas advierten de que la ley de plazos obligaría a una «maternidad forzosa» a 9.000 mujeres

Piden que la nueva norma permita el aborto hasta la semana 24 ó 26 en los supuestos de problemas psicosociales o socioeconómicos de la mujer

EFE |
MADRIDActualizado:

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) ha asegurado que la ley de plazos que prepara el Gobierno podría obligar a una "maternidad forzosa" a alrededor de 9.000 mujeres al año. ACAI ha pedido a los miembros de la subcomisión del Congreso que la nueva norma permita el aborto hasta la semana 24 ó 26 en los supuestos de problemas psicosociales o socioeconómicos de la mujer.

Éste es el plazo de viabilidad fetal al que se acogen las clínicas abortistas como fecha límite para la decisión voluntaria de la mujer en el aborto provocado. Ya que "parece que los grupos parlamentarios han descartado" esta posibilidad, señala ACAI, esta asociación pide que la ley contemple indicaciones sobre las condiciones psicosociales y económicas que padecen las mujeres.

Asimismo, señala que el plazo de 22 semanas para la realización de abortos por malformaciones del feto que propone la subcomisión dejaría sin cobertura a problemas que se detectan después de esa fecha y que pueden ser incompatibles con una "vida digna".

El concepto de salud

También piden que el articulado de la ley recoja claramente el concepto de salud de la mujer formulado por la OMS, según la cual la salud es "un estado de bienestar físico, psíquico, mental y social y no la mera ausencia de enfermedades o afecciones".

A juicio de ACAI, una ley de plazos cortos provocaría el "éxodo abortivo" y propiciaría las prácticas clandestinas en la interrupción del embarazo. Subraya también la "desprotección" con la que trabajan los más de 600 profesionales de los centros acreditados para realizar abortos y no descarta movilizaciones para denunciar la "asfixia económica" a la que se les somete desde determinadas administraciones.