El Congreso rechaza que los jueces tengan derecho a la huelga

Todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados coincidieron ayer con el Gobierno y el Poder Judicial en que los jueces, pese a haber convocado ya paros para el 18 de febrero y el 26 de junio, no tienen derecho a hacer huelga.

Los portavoces de los grupos, con independencia de su mayor o menor cercanía a las reivindicaciones de los magistrados, se mostraron unánimes a la hora de indicar que los jueces son un poder del Estado, no unos simples asalariados, y que como tal no pueden abandonar el ejercicio de sus funciones sin provocar un vacío y una vulneración de los derechos de los ciudadanos.

Sólo el Partido Popular pareció querer no enemistarse del todo con los huelguistas, porque, aunque en privado dijo que es claro que los magistrados no tienen derecho a la huelga, en la comisión su portavoz, Federico Trillo, señaló algo tan obvio y poco comprometedor como que estará de acuerdo con lo que sobre este asunto digan el Poder Judicial y el Tribunal Supremo.

La unanimidad parlamentaria se produjo durante la comparecencia en el Congreso del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que tuvo mucho cuidado en distinguir entre las negociaciones que mantiene con las grandes asociaciones de la justicia y el paro convocado para el próximo 18 de febrero por lo que llamó «movimiento asambleario», del que dijo que es «minoritario» y que «carece de legitimidad».

«No tiene justificación»

Fernández Bermejo indicó que no sabe por qué estos jueces pretenden hacer una huelga que «no tiene justificación». Reconoció que es «obvio» que la justicia tiene muchos problemas y necesita mejorar y modernizarse, pero dijo que no sabe por qué hacen el paro contra el Gobierno que ha creado más plazas de jueces y fiscales y que ha aumentado más los presupuestos y las inversiones.

El ministro añadió que entiende menos aún el interés que persiguen los huelguistas cuando hay importantes acercamientos entre su departamento y las asociaciones judiciales, como lo prueba que el 17 de febrero, un día antes del primer paro, dos de las grandes organizaciones, la conservadora APM y la progresista JpD, acudirán de nuevo al Ministerio para crear y sentarse en las mesas técnicas de negociación.

Para justificar que los huelguistas del 18 de febrero son una minoría, recordó que de las once asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales con las que se ha sentado a negociar sólo se han desmarcado dos organizaciones y que a una, Francisco de Vitoria, le ha costado la dimisión de su presidente.

También señaló que este movimiento asambleario más que estar espoleado por el problema general que viven los juzgados tiene su origen en el «corporativismo» de la magistratura, en la defensa del juez Rafael Tirado y en las reclamaciones salariales.

Acortar los plazos

Fernández Bermejo informó a los diputados de que muchas de las mejoras que los magistrados reclaman en el funcionamiento de los tribunales están ya en vía de diseño o de aprobación.

El ministro recordó que la nueva oficina judicial comenzará a implantarse en enero próximo aunque su desarrollo no podrá completarse hasta 2015, que su departamento ya trabaja en la revisión del sistema para medir la carga de trabajo de los jueces, en la nueva distribución territorial de los juzgados, en la supresión del traslado forzoso de quien asciende a magistrado, o en la interconexión y la compatibilidad de los sistemas informáticos de todas las regiones. Su compromiso es que acortará los plazos de puesta en marcha «al máximo».

No obstante, Fernández Bermejo resaltó que el Gobierno no piensa dar marcha atrás en el cambio legal para que sean los secretarios y no los jueces quienes manejen la agenda de los juzgados, los que fijen el orden y los días para la celebración de las vistas. Sin embargo, aclaró que dado que esta ley se tramita ya en el Congreso está en manos de los diputados introducir enmiendas.