Desconfianza política
El debate parlamentario en torno a las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la crisis dejó ayer en evidencia un hecho irremediable, la tardanza del Ejecutivo en reconocer la gravedad de la situación y en poner en marcha iniciativas de choque; y un clima preocupante, las diferencias entre las fuerzas políticas que con su falta de sintonía contribuyen a la desconfianza general. Lograr esa deseable sintonía es, ante todo, responsabilidad del Gobierno de turno. Pero las cinco bases expuestas por el presidente para establecer un amplio acuerdo -cohesión social, contención del gasto corriente, avances para un nuevo modelo de crecimiento, apoyo a la reforma financiera global y diálogo social- resultaron excesivamente genéricas para percibirlas como expresión de un propósito real de formalizar el consenso político frente a la crisis.
Actualizado: GuardarPor su parte, la distancia marcada por el primer partido de la oposición respecto al Ejecutivo fue subrayada ayer por Mariano Rajoy de manera drástica y sin que precisara sus alternativas, lo cual le llevó a sacudirse una responsabilidad que su partido no puede eludir. El desacuerdo entre el PSOE y el PP, formaciones que gestionan las cuentas públicas del grueso de las instituciones españolas, es especialmente grave porque la coincidencia de esfuerzos constituye el mínimo indispensable que la política debería ofrecer para procurar la recuperación del tiempo perdido, comenzando por el pago de los 33.000 millones que las administraciones deben hoy a las empresas.
Las medidas adoptadas por el Gobierno están en sintonía con las aplicadas por los países de la OCDE, con las que han sido consensuadas a partir de la cumbre de Washington de noviembre y de la subsiguiente reunión del Consejo Europeo. Pero la tardanza en la implementación de las iniciativas en España, fruto de los titubeos iniciales y sobre todo de la resistencia a admitir la gravedad de la situación, está retrasando sus efectos más allá de lo razonable. Resulta inevitable la sensación de que los pasos dados para atajar la crisis van demasiado por detrás de los problemas que ésta provoca día a día. El retraimiento de la demanda por parte de las empresas y familias y las restricciones crediticias por parte de los bancos y cajas corren el riesgo de conformar un círculo pernicioso que la Administración tiene la obligación de quebrar cuanto antes. Las líneas habilitadas por el ICO, su flexibilización y la eventual ampliación de los fondos dispuestos para ellas podrían no ser ya suficientes para lograrlo. El Gobierno ha fijado en su plan de infraestructuras locales sus objetivos a corto plazo en materia de empleo. Es posible que los 280.000 puestos de trabajo comprometidos a cuenta de los 8.000 millones de inversión enjuguen la estadística del creciente paro durante tres o cuatro meses a partir de marzo. Pero el Ejecutivo tiene la ineludible obligación de establecer políticas de empleo diseñadas sobre la previsible prolongación de la crisis más allá de 2009.
