El 'sector duro' de la judicatura planta cara al Poder Judicial y mantiene el paro

Lejos de recular, se refuerzan en sus posiciones. Los jueces partidarios de la huelga hicieron ayer caso omiso a la decisión adoptada el lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y confirmaron que mantendrán la protesta para el 18 de febrero. Consideraron que el Poder Judicial no ha dictaminado que no tengan derecho a la huelga, más bien que ésta no está regulada y por ello no puede fijar los servicios mínimos. Asimismo, anunciaron que buscarán amparo ante el Tribunal Supremo para que se pronuncie por vía urgente sobre a quién le corresponde establecer si los jueces tienen derecho a convocar un paro.

Varios jueces y magistrados consultados y los portavoces de las dos asociaciones judiciales que apoyan la huelga, Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente corroboraron que mantienen las espadas en alto pese a que su órgano de gobierno, el Consejo del Poder Judicial, haya comunicado que no tiene «cobertura legal» para responder a sus peticiones de protesta. Algunas asambleas provinciales, como la de Ciudad Real, fueron más allá y avanzaron que si ningún órgano político o judicial da respuesta a sus peticiones fijarán ellos mismos los servicios mínimos para el 18 de febrero.

La opinión común entre los jueces defensores de la huelga es que el compromiso suscrito por el Poder Judicial con respecto al paro es «tibio, impreciso, genérico y que más que un acuerdo jurídico, es un acuerdo que roza lo político». Alegan que el Consejo «se ha lavado las manos y ha pasado la pelota» a las asociaciones judiciales díscolas, para que éstas recurran ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y, llegado el caso, al Constitucional como máximo intérprete de la Carta Magna.

El portavoz de Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, anunció que su asociación decidirá mañana si presentan ante el alto tribunal una medida cautelarísima de amparo. Se trata de un trámite por vía urgente para que se pronuncie cuanto antes por lo que consideran la violación de un derecho fundamental, como es el ejercicio de la huelga. Sexmero aventuró que actuarán «en consecuencia» con la decisión que tome el Supremo. Francisco de Vitoria es la segunda asociación judicial en número de asociados, con unos 540 jueces y magistrados.

El ex magistrado y ahora portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, manifestó, en cambio, que el acuerdo del Poder Judicial sobre la huelga es «clarificador». Asimismo, reiteró que este tipo de protesta «no tiene cobertura legal», que «no es posible ni justa» y recordó que muchas de las reivindicaciones de los jueces son «asumibles» y otras no.