Garzón imputa a varios cargos públicos del PP por el entramado de corruptelas

El juez Baltasar Garzón dio ayer el paso. El magistrado imputó en la trama de corrupción empresarial que investiga a dos cargos públicos del Partido Popular, a los que acusa de servirse de su posición en beneficio de intereses particulares, propios o de terceros. El hasta hoy regidor de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, serán interrogados en los próximos días en la Audiencia Nacional. El magistrado amplió a 37 el número de acusados en la presunta red corrupta, que incluye a un concejal del Ayuntamiento de Madrid.

La lista es sólo un «aperitivo», una primera fase de una investigación «más amplia, más extensa, más compleja», según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción. Mandos policiales añaden que se baraja otro medio centenar de nombres de empresarios y «mediadores» relacionados con cargos del PP en Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Los analistas de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) trabajan contrarreloj para analizar la documentación incautada en los registros del viernes en Madrid, Valencia, Málaga y Cádiz a fin de poder aportar nuevas pruebas a la Fiscalía.

González Panero renunció ayer a presidir el consistorio de Boadilla del Monte, en el que mantiene, sin embargo, el acta de concejal. Ortega, por su parte, fue obligado a dimitir de su actual puesto como gerente del Mercado Puerta de Toledo.

El juez Garzón levantó ayer de manera parcial el secreto de la causa, pero el mutismo en la Audiencia Nacional fue absoluto después de que el instructor abriera el lunes una investigación para determinar de dónde proceden las filtraciones que han llegado a los medios de comunicación.

El auto que amplía el número de imputados les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. El juez da por buenas las acusaciones de las fiscales Anticorrupción Myriam Segura y Concha Sabadell, salvo la referente a asociación ilícita.

A la lista de imputados se incorporó una persona muy cercana a González Panero: Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol y al parecer vinculado a negocios con el Ayuntamiento de Boadilla. Es administrador único de la empresa Rústicas MBS, que obtuvo el derecho de superficie de tres parcelas municipales por 75 años en el municipio madrileño y que en dos años trató de venderlas a una empresa con la misma sede social.

Además, Blanco Balín es consejero de Orange Market, la filial valenciana de Special Event, compañía del supuesto jefe la trama desmantelada, Francisco Correa Sánchez, detenido el viernes. El presidente de esta firma, Álvaro Pérez Alonso, fue arrestado el lunes por la noche en Valencia, y también está en la lista conocida ayer.

Otro de los imputados es Luis de Miguel Sánchez, uno de los fundadores de Orange Market, empresa creada en julio de julio de 2003 con un capital de 3.006 euros, pese a lo que accedió a contratos millonarios con la Generalitat valenciana. El otro fundador fue Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego y socio de Correa Sánchez en la mayoría de las empresas investigadas, como Special Events, Easy Concept y Pasadena Viajes.

Ente los sospechosos a los que en los próximos días interrogará Garzón también están María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa Sánchez y ex jefa de gabinete del anterior alcalde en Majadahonda; la ejecutiva Felisa Jordán, y el empresario Antoine Sánchez, administrador de la constructora Catalunya Nord Record y de Inversiones Kintamani, dos de las empresas sospechosas.

En la lista figura también José Luis Ulibarri Comerzana, empresario castellano-leonés, propietario de la constructora Begar y accionista de varias compañías de la región.

El juez Garzón interrogó ayer a tres ex empleados del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que, tras su despido, airearon en venganza los turbios negocios del alcalde. Ese fue el hilo que permitió desentrañar la madeja. Hoy tomará declaración Rodríguez Quijano, Jordán y a Carmen Luis Cerezo. También resolverá si envía a prisión a Correa, Crespo y Sánchez, a los que interrogó el lunes y cuyo arresto prorrogó a petición de la Fiscalía Anticorrupción a la espera de estudiar nuevas pruebas.