Convulsión popular
Las dimisiones registradas ayer en las filas del PP de Madrid por la presunta vinculación de miembros y ex integrantes del partido en la trama de corrupción política destapara por la Fiscalía Anticorrupción y el juez Garzón subrayan tanto la relevancia de las investigaciones emprendidas, como la incoherente y dubitativa gestión que están realizando de la misma los dirigentes populares.
Actualizado: GuardarEl silencio con el que Mariano Rajoy reaccionó en primera instancia ante unas averiguaciones que, como bien remarcó él mismo ayer, podían comprometer la honorabilidad del conjunto de la organización y, sobre todo, la posterior reacción de destacados responsables del PP atribuyendo las pesquisas a un supuesto uso político de la Fiscalía y a una actitud espuria de la Audiencia Nacional se han demostrado gestos contraproducentes, cuando no temerarios, ante las renuncias que se desencadenaron ayer. Dimisiones que han conferido una profundidad al sumario judicial abierto que ha acabado superando por la vía de los hechos la estrategia de Rajoy, al tiempo que afectan directamente a la estabilidad del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Los populares tiene motivos fundados para protestar ante el Poder Judicial por la vulneración de la confidencialidad de las actuaciones. Pero su zigzagueante respuesta y, especialmente, su incapacidad para separar los efectos que la causa judicial podría tener sobre la formación de la responsabilidad inexcusable que les compete a la hora de garantizar la transparencia en el proceder de las instituciones que encabezan han lastrado una reacción que, ante todo, está obligada a preservar la confianza de la ciudadanía en los poderes públicos. Una confianza que también precisa de un urgente encauzamiento de las divergencias internas nunca solventadas, las cuales están aflorando como una quiebra difícilmente superable.
