Eluana Englaro, el caso que ha dividido a Italia

El caso por la muerte de Eluana (Lecco, 25 de noviembre de 1970), quien el 18 de enero de 1992 sufrió un accidente de tráfico que la sumió en un estado de coma vegetativo, mantuvo en vilo durante varios años no sólo a su familia, sino a todo un país que seguía con atención el devenir de la batalla judicial de su padre, Giuseppe Englaro, por conseguir la autorización que permitiera a su hija morir.

Más de una década de decisiones judiciales y recursos por parte de la familia que se vieron recompensadas el pasado 13 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo de Italia autorizó la desconexión de la sonda nasogástrica que mantenía con vida a la mujer. Pero hasta llegar ahí hubo un largo recorrido en el desarrollo del primer caso en Italia en el que el Supremo autorizó la muerte de un paciente en coma vegetativo.

Dos años después del accidente que la dejó en coma, los médicos comunicaron a su padre, Giuseppe, que no había esperanzas de que despertara. Tras la noticia, decidió ingresarla en la clínica Beato Luigi Talamoni de la localidad de Lecco, próxima a Milán. Allí unas monjas se dedicaron a cuidarla hasta que fue trasladada, en la noche del 2 al 3 de febrero de este año, a la casa de curas La Quiete de Udine (noreste del país).

La voluntad de Eluana

En 1999, el padre de Eluana solicitó al tribunal de Lecco que autorizara la desconexión de la sonda, pero le denegaron tal petición, tras lo cual decidió dirigirse en una carta al entonces presidente de la República italiana, Carlo Azeglio Ciampi. En la misiva, aseguraba al entonces jefe del Estado italiano que su hija había dicho en vida que no querría vivir en esas condiciones.

Sin obtener ninguna respuesta afirmativa por parte de las autoridades italianas, Giuseppe Englaro continuó su lucha en los tribunales sin desfallecer hasta lograr un permiso, autorización que no llegó durante años.

El 20 de abril de 2005 el Tribunal Supremo, a pesar de que seguía dando la razón a la corte milanesa de no permitir la desconexión de la sonda, abrió una nueva línea en el caso, al precisar que no se podía autorizar la muerte porque no había "muestras concretas" de que esa fuera la voluntad de Eluana.

El 16 de octubre de 2007 el Supremo envió de nuevo el caso al Tribunal de Apelación de Milán indicando que se podía autorizar la desconexión bajo dos supuestos: que el coma vegetativo fuera irreversible y que no se dieran muestras de que la mujer, en estado consciente, hubiera expresado su deseo de continuar con el tratamiento.

Larga batalla legal

El 9 de julio de 2008, el Tribunal de Apelación de Milán autorizó la suspensión de la alimentación. Siete días después, el Parlamento italiano planteó un conflicto de atribuciones contra la decisión que terminó en el Constitucional.

En virtud de la decisión de la Corte de Apelación milanesa, la familia Englaro solicitó a las autoridades de la región de Lombardía -a la que pertenecen Lecco y Milán- que le indicaran dónde se podía proceder a la desconexión de la mujer. Pero en septiembre de 2008 el Gobierno de la Lombardía se negó a hacerlo y, el 8 de octubre, el Constitucional dio la razón a la Corte de Apelación de Milán en su decisión de autorizar la desconexión de la sonda.

Finalmente el 13 de noviembre, el Supremo ratificó esa autorización y aprobó la desconexión por una decisión aplicable a todo el Estado italiano. Se trataba de una sentencia sin precedentes en un país que acusa como ningún otro la influencia de su vecino estado del Vaticano, contrario a la eutanasia.

En medio de todas las cuestiones legales y con el apoyo de la decisión del Supremo, la familia Englaro se dispuso a buscar una clínica en la que muriera la joven.

Finalmente la Ciudad de Udine se mostró dispuesta a desconectar la sonda, pero el 16 de diciembre el Ministerio de Sanidad italiano difundió una circular a centros públicos y privados del país en la que prohibía suspender la alimentación de ninguna persona en su recinto. Este veto del Gobierno, establecido ante el devenir del caso Eluana, frenó la predisposición de la Ciudad de Udine, que un mes más tarde anunciaba que daba marcha atrás.

Tres días sin alimentación

Las presiones del Ministerio de Sanidad, que dirige Maurizio Sacconi, habían podido más. Un día después la Fiscalía de Roma anunció que investigaba a Sacconi por un supuesto delito de "amenazas" a la clínica y el ministro sería posteriormente objeto de una nueva denuncia. Volvieron a sucederse entonces las especulaciones sobre dónde moriría y todo apuntó a la casa de curas La Quiete de Udine.

El Gobierno italiano reconoció que su estatus legal podía escapar al veto establecido por el Ministerio de Sanidad. El caso avanzó y, en la noche del 2 al 3 de febrero, Eluana dejó la clínica de Lecco para ingresar en la casa de curas, donde el 6 de febrero se interrumpía su alimentación e hidratación artificial.

Entonces el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, presentó un proyecto de ley que prohibía la suspensión de la alimentación a Eluana y que el presidente de la República, Giorgio Napolitano, se negó a firmar. La carrera contrarreloj comenzó el día 9 con una reunión del Senado para debatir el proyecto de ley, pero pocos minutos antes de las 20.00 hora local Eluana Englaro expiraba, según fuentes sanitarias, por una parada respiratoria.