Rajoy amenaza con la «expulsión inmediata» a los implicados en la trama de corrupción

Mariano Rajoy demostró ayer que es persona de reacción lenta. Necesitó tres días desde que el juez Baltasar Garzón destapó una supuesta trama de corrupción que implica a personas relacionadas con su partido para que tomara medidas con intención de hacer frente al desgaste que las detenciones y filtraciones del sumario están sometiendo al PP. A su regreso de Suiza, exigió a Esperanza Aguirre la dimisión del alcalde de Boadilla del Monte, acordó pedir el personamiento del PP en la causa y ordenó la expulsión inmediata de cualquier militante que aparezca implicado. La Comisión de Derechos y Garantías se encargará de que las actuaciones judiciales tengan las correspondientes actuaciones disciplinarias en el seno del partido.

«Los cinco detenidos no son militantes del PP», recordó en su primera rueda de prensa desde que se conoció la supuesta trama de corrupción. «Este partido jamás ha recibido ninguna donación de ninguna de las cinco personas que han sido detenidas», afirmó Rajoy, y se remitió a los informes del Tribunal de Cuentas para espantar toda duda sobre la correcta financiación de su partido. «Si algún militante del PP hubiera hecho algo ilegal, o algo que no se ajuste a los comportamientos que cualquier dirigente político debe mantener en el ejercicio de su cargo, el PP actuará con toda la contundencia», advirtió.

Rajoy compareció ante la prensa acompañado de la plana mayor de su dirección: los vicesecretarios Javier Arenas, Esteban González-Pons y Ana Mato, así como el secretario de Justicia e Interior, Federico Trillo. La secretaria general, Dolores Cospedal, estaba en Toledo y no pudo asistir.

El líder de la oposición intentó demostrar su autoridad y la de su equipo para aplicar medidas disciplinarias en defensa de sus siglas porque, arguyó, «las actuaciones de cinco individuos no pueden manchar el nombre del PP».

A diferencia de la información interna que encargó a su secretaria general cuando saltó a los periódicos el escándalo del espionaje en Madrid, en esta ocasión Rajoy puso el asunto en manos del presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías, Alfonso Fernández Mañueco, a la sazón secretario general del PP de Castilla y León, para que actúe con la contundencia prometida. «Le he ordenado -dijo- que abra una investigación interna, exhaustiva y urgente, para la expulsión inmediata de cualquier militante del PP si alguno apareciera implicado en cualquier derivación de las actuaciones».

La investigación estará en manos de un comité nacional sin competencias en los ámbitos autonómicos, pero Rajoy explicó que pedirá a los presidentes del partido en Madrid, Esperanza Aguirre, y la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que «ayuden a desvelar» todos los datos que puedan aclarar las implicaciones de la supuesta trama de contrataciones en sus respectivos territorios.

Mucho daño

El PP también va a solicitar la personación en la causa que instruye Garzón como acusación particular. Rajoy confesó que no conoce el contenido del sumario y sólo tiene noticias a través de las filtraciones publicadas por los medios de comunicación. Reconoció que esas informaciones «hacen mucho daño».

El PP denunció ante el Consejo General del Poder Judicial «la continuada e intolerable violación del secreto del sumario», y también lo hicieron a título particular el vicesecretario González-Pons y el tesorero Luis Bárcenas, que también han pedido el amparo de dicho órgano. Ambos aparecen citados por el supuesto jefe de la trama, Francisco Correa, en las conversaciones interceptadas por la policía.

Rajoy puso la mano en el fuego por su inocencia. «Hasta ahora no ha quedado acreditado que ningún militante del PP haya hecho nada ilegal», apuntó, y aclaró que jamás condenará a nadie sin pruebas.

También aseguró Rajoy que su partido dejó de trabajar con las empresas de Correa antes del año 2004, cuando tuvo noticias de que éste utilizaba el nombre del PP «sin estar habilitado para ello» en algunos municipios de Madrid, a los que avisó.

Y dijo que no tuvo conocimiento de que militantes del PP presentaran las denuncias que dieron lugar a las actuaciones que se siguen en la Audiencia Nacional.