Juzgan a un constructor por recoger a 'sin papeles' recién desembarcados en Barbate

Un ciudadano brasileño -Enoque do S. B.- vecino de Almería y empresario de la construcción, fue juzgado ayer por un tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz por un delito de tráfico de personas, cometido en julio de 2008, cuando presuntamente recogió a una decena de inmigrantes irregulares que acababan de desembarcar en las playas de Babate.

Enoque fue detenido el 16 de julio de 2008, una fecha en la que varias pateras con sin papeles llegaron hasta las playas gaditanas. La Guardia Civil interceptó la furgoneta de Enoque en la carretera entre Barbate y los Caños, en el carril que conduce a la aldea de San Ambrosio, donde supuestamente recogió a los inmigrantes. Al darle el alto, «10 o 12 personas» -según los agentes de la Guardia Civil- salieron del vehículo y huyeron internándose entre los árboles, aunque detuvieron finalmente a dos de ellos.

«Íbamos a Manilva»

El acusado, en cambio, ofreció ayer ante el tribunal de la Sección Primera una versión distinta de los hechos, con la que quería demostrar su inocencia. Aseguró, por ejemplo, que no sabía que las personas que transportaba eran inmigrantes ilegales, sino «amigos y familiares» de un empleado marroquí que le pidió que lo acompañara desde Almería para recogerlos. «Me dijo que iríamos a Manilva (en Málaga); y cuando llegamos estábamos en Barbate», explicaba ayer el constructor a los magistrados. Según su versión, en un principio tenía planeado recoger a tres personas, aunque finalmente fueron seis los inmigrantes que se montaron en el vehículo. Los agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron declararon ayer ante la Audiencia que los huidos fueron 10 o 12 personas, que viajaban en la furgoneta a pesar de que ésta no tenía asientos (un detalle que no se dio a conocer en la sala). En tales condiciones tenían previsto regresar hasta Almería.

La Fiscalía acusa al constructor de estar «concertado con el grupo que organizó el viaje de los inmigrantes» en patera cruzando el estrecho, y le imputa un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros cometido con ánimo de lucro. Por tanto, ha solicitado una pena de siete años de prisión para el empleado y conductor de la furgoneta.

La defensa, por su parte, solicitó ayer la plena absolución del acusado, que tras ser detenido fue encarcelado de manera preventiva. La abogada defensora alegó en favor de su detenido que en el momento en que la Guardia Civil los interceptó «no intentó huir» y conducía una furgoneta «con todos sus datos personales», indicios de que el empresario no era consciente de la situación irregular de las personas que transportaba.