La trama de corrupción golpeada por Garzón implica a numerosos cargos del PP

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tiene previsto interrogar, en calidad de imputados por delitos como cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o fraude fiscal, a numerosos cargos públicos del Partido Popular de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, a los que considera relacionados con la trama empresarial desmembrada este viernes tras un año de pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y en la que estarían implicadas, con distinto grado de participación, más de treinta personas.

Las citaciones se producirán a lo largo de las próximas semanas, según informaron fuentes judiciales. Antes, mañana mismo, el magistrado tomará declaración a los cinco detenidos el viernes. Garzón decretó el secreto de las actuaciones instantes antes de firmar las órdenes de detención.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción explicaron que antes de comenzar a imputar a cargos públicos hay que desentrañar bien el funcionamiento de la red empresarial, de la que las fuentes citadas siguen haciendo responsable a Francisco Correa Sánchez.

Sin embargo, en los registros Mercantil o de la Propiedad, el detenido apenas aparece relacionado con la firma Formación, Comunicación y Servicios (FCS), una sociedad inactiva desde 1996. Los expertos de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Judicial tratan de confirmar los datos que desde Special Events les llevaron hasta el empresario. Special Events tuvo la exclusiva de los eventos organizados por el PP hasta que en 2003, con el anuncio de la retirada de José María Aznar, el volumen de negocio empezó a reducirse.

Al mismo tiempo, esta sociedad comenzó a trabajar con las agrupaciones del PP en Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía y a obtener de instituciones públicas de esas autonomías contratos de servicios o participación en sospechosas operaciones urbanísticas. Según fuentes de la investigación, papel destacado en el entramado jugó Pablo Crespo Sabaris, administrador único de una decena de empresas agraciadas con contratos en los ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Boadilla del Monte, gobernados por el PP.

Ex director general de Caixa Galicia, José Cuiña le fichó para la política. Crespo Sabaris llegó a ser secretario de Organización del PP gallego y diputado en el Congreso hasta que, en 1999, se dio de baja en el partido para dedicarse a gestionar las empresas de Correa Sánchez. Entre ellas, Special Events, de la que es administrador único; Welldone 2002 Special Events, la división inmobiliaria de la sociedad matriz; Technology Consulting Management (TCM), promotora de algunas operaciones urbanísticas bajo sospecha en Marbella (Málaga), y Pasadena Viajes, convertida en una de las principales contratistas de los municipios madrileños investigados.

La directora financiera de Special Events y de Pasadena Viajes es Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa Sánchez y que, hasta 2005, fue secretaria general del PP de Majadahonda. También fue jefa de gabinete del alcalde Guillermo Quiroga hasta que, ese mismo año, su partido le forzó a renunciar por una serie de operaciones irregulares que han resultado ser el extremo del ovillo del que ha tirado la Fiscalía Anticorrupción.

Las otras dos detenidas son dos mujeres que, según fuentes policiales, podrían ser el enlace de Correa Sánchez y sus colaboradores con los 'aparatos periféricos' del entramado. La primera es Felisa Jordán Goncet, relacionada con Uno más Cuatro Comunicación e Easy Concept, firmas que han obtenido contratos de los municipios madrileños investigados y, a su vez, han realizado numerosos trabajos para el PP de Andalucía, sobre todo en campañas electorales. La segunda es Antoine Sánchez, relacionada con Catalunya Nord Recor, Osiris Patrimonial y Technology Consulting Management, empresas que a su vez tienen vinculación accionarial con Realgreen, contratista habitual del PP de Madrid, y Hator Consulting, accionista de Orange Market, proveedora del PP en Valencia.