Más de 100.000 kilos de droga se acumulan en sedes policiales y búnkeres por falta de espacio

Después de cada operación antidroga, los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado se enfrentan a un problema añadido de logística: ¿dónde guardar la mercancía requisada a los narcos? En Cádiz esta cuestión no es baladí, y genera verdaderos quebraderos de cabeza a los funcionarios policiales porque literalmente apenas tienen sitio para guardar unos cargamentos que en el caso de esta provincia rara vez no supera los mil kilos, en el caso del tráfico de hachís.

Este problema no es nuevo y lleva coleando desde el año 2002, cuando en el Congreso de los Diputados se debatió la necesidad de ampliar los recursos para la custodia y destrucción de la droga incautada en zonas especialmente sensibles al narcotráfico como el área del Estrecho; sin embargo, han transcurrido los años y el remedio no ha llegado. En cambio, a lo largo de este tiempo lo que sí se ha producido es un incremento paulatino de las incautaciones hasta establecerse en 2008 un récord de intervenciones. Se acumula más droga, el espacio es el mismo y sigue sin haber recursos propios para destruirla.

En estos momentos, hay más de 100.000 kilos de droga almacenada en la provincia. Existen dos búnkeres en Cádiz y Algeciras, con capacidad para 80 y 10 toneladas respectivamente. Las instalaciones de la capital, cuyo emplazamiento nunca se desvela, se inauguraron en mayo de 2002 para hacer frente a la falta de espacio. Sin embargo, ese almacén se quedó pequeño a los pocos años. El pasado mes de octubre, este periódico ya adelantaba los problemas que generaba este déficit de recursos, que al cierre de un ejercicio exitoso para los cuerpos policiales con cerca de 200.000 kilos de droga sacados del mercado, se han agudizado aún más si cabe.

Policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera se han visto abocados a utilizar sus propias sedes para almacenar cada cargamento que arrebataban a los narcos. La droga ha terminado ocupando calabozos y dependencias de comisarías y cuarteles de la provincia, los cuales no cuentan con los medios necesarios para una vigilancia permanente como sí tienen los dos almacenes. Fuentes policiales recordaban a este periódico que lo ocurrido en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, donde robaron 100 kilos de cocaína, es uno de los riesgos que se corren con estas «soluciones chapuzas». Y es que en los calabozos de esta comisaría sevillana se guardaba al cierre de 2008 15.000 kilos de droga; una parte fue incautada en Cádiz, pero al tratarse de operaciones tuteladas por juzgados hispalenses, los alijos fueron llevados allí.

Aquí, los problemas de espacio han llegado al límite con momentos en los que no había hueco para separar a los detenidos por sexo, en calabozos diferentes, porque estaban ocupados por fardos de hachís, reconocen las mismas fuentes policiales. Y de este problema no se escapan ni las unidades recientemente creadas como los dos equipos Grecos que hay en estos momentos en activo. Sus centros de operaciones en Algeciras y Chiclana guardan importantes cantidades de estupefacientes intervenidas en sus operaciones.

Un largo viaje

Estos cargamentos deben ser incinerados, pero aquí se encuentra la siguiente causa de esa ingente cantidad de droga que aguarda su final. Cádiz, que es la principal entrada de hachís en el país y una de las vías que el tráfico de cocaína está explotando como alternativa a otras zonas más quemadas, no tiene ninguna planta de incineración, ni tan siquiera conveniada, para realizar en ellos la quema de los fardos. Tan sólo hay un pequeño horno en Los Barrios, que no tiene capacidad para incinerar toneladas en pocas horas y que en más de una ocasión ha estado fuera de servicio por averías. «Sabemos que en esas instalaciones se han llevado pequeñas partidas, porque no da para más. No es de recibo que la provincia donde más hachís se incauta, no tenga hornos para destruirla. Tener esa mercancía almacenada mucho tiempo, es un riesgo innecesario que corren los funcionarios», comenta el presidente de la Federación Antidroga Nexos, Francisco Mena.

La mayoría de la droga que duerme en instalaciones policiales tendrá que realizar un último viaje de más de 1.000 kilómetros hasta una planta situada en la localidad asturiana de Serín (Gijón). El Consorcio de Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa) es la entidad que se encarga de la destrucción de los estupefacientes que se aprehenden en la otra punta del país. En 2005, Cogersa firmó un convenio con el Ministerio del Interior que le ha convertido en el gran horno donde terminan las partidas requisadas en otras provincias con problemas de almacenamiento y destrucción como Murcia.

Estas instalaciones cuentan con un amplio vertedero alejado de zonas urbanas y un horno de incineración donde no sólo se destruye droga sino también materiales sanitarios y de origen ganadero. El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, organiza las grandes incineraciones. Cuando Cogersa está disponible para acometer una nueva quema, remite una circular a las comisaría y cuarteles para que remitan la droga que está lista para su destrucción. Pero la demanda supera la capacidad de la planta asturiana, en la que pueden arder 800 kilos a la hora.

Acuerdos puntuales

En años anteriores a la firma del convenio entre Cogersa e Interior, se habían arbitrado soluciones intermedias mediante el alquiler de cementeras privadas para que ardieran allí los estupefacientes. En la provincia se estuvo recurriendo a unas instalaciones en Jerez; sin embargo, los dueños se opusieron a continuar con estos servicios puntuales porque el hachís arde a mucha temperatura y deja restos de aceite que dañan las máquinas.

Otra vía explotada ha sido la quema al aire libre, normalmente en instalaciones militares donde exiten fuertes restricciones de acceso. En playas de Algeciras o la Sierra del Retín (Barbate) han sido algunos de los puntos utilizados. A las críticas ecologistas por el impacto ambiental, se han sumado otros inconvenientes como la inversión en personal que requieren estas quemas, que deben ser custodiadas hasta que la droga es reducida a cenizas. Con todo, se sigue haciendo. La última incineración más cercana se produjo el pasado otoño en Ceuta, en el campo de tiro de La Lastra. Ardieron más de 5.000 kilos requisados en el Estrecho.

A la falta de recursos propios para destruir los estupefacientes que van creciendo en toneladas en las sedes policiales, se suma la lentitud en la tramitación de las autorizaciones para la incineración. Sólo un juez puede dar el visto bueno a la destrucción de la partida relativa a las diligencias que instruye. En 1984 se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar la destrucción de los efectos decomisados. En el caso de la droga, sólo es necesario mantener una muestra sobre la que se hacen los análisis para determinar el nivel de pureza o la concentración de activos como el THC. Pero aquí los agentes se topan con una disparidad de criterios: hay jueces que se acogen a esa reforma y dictan autorizaciones con celeridad; mientras que hay otros que prefieren mantener la mercancía hasta que el proceso judicial concluye, lo que puede durar años.

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