Protección de crisis
El documento entregado esta semana por el Gobierno a los sindicatos y la patronal, a fin de estudiar medidas urgentes para la protección a los desempleados y el sostenimiento del empleo, refleja desde su mismo título la preocupación extensiva que está generando tanto el acelerado crecimiento del paro como la destrucción de puestos de trabajo. Una doble dinámica que está intensificando la deriva depresiva de la crisis, forzando a las instituciones a dedicar cuantiosos recursos públicos a movilizar el mercado laboral ante la amenaza de parálisis, pero también a asegurar la protección social de quienes han perdido su empleo y están viendo seriamente limitadas sus posibilidades de encontrar otro. El compromiso reiterado del Gobierno de Rodríguez Zapatero de que el Estado mantendrá esas salvaguardas para aquellos colectivos más desfavorecidos o afectados por las dificultades late en las iniciativas planteadas ahora a los agentes sociales, entre la que destaca que no computen como tiempo de paro real los Expedientes de Regulación de Empleo temporales y las bonificaciones de las cuotas sociales para las empresas que se acojan a los mismos. Medidas que enlazan con la voluntad del Gobierno de introducir reformas legales para transformar los ERE en instrumentos excepcionales para la regulación de plantillas.
Actualizado: GuardarEl hecho de que la modificación normativa planteada por el Ministerio de Trabajo, que incluye la prohibición de las prejubilaciones por debajo de los 52 años, confluya con el diálogo social promovido para responder a las exigencias de la crisis obliga a un ejercicio de clarificación y consenso, por el cual los eventuales cambios que puedan repercutir en el mercado laboral encuentren basamento en acuerdos lo más amplios posibles. Una necesidad que la propia envergadura de la recesión hace aún más perentoria, toda vez que las decisiones que se adopten ahora se desarrollarán en un contexto crítico. De ahí que la modulación de los ERE ha de estar orientada a evitar tanto su transformación irregular en la medida recurrente para hacer frente a los obstáculos, como a constreñir sus consecuencias cuando se presente como la mejor solución momentánea para sortear más cierres de empresas. Pero en cualquier caso, el Gobierno deberá cuantificar de forma nítida los recursos que precisará su propuesta y el efecto de la misma sobre unas arcas públicas disminuidas.
