Corrupción investigada

a detención ayer de cinco personas supuestamente involucradas en una trama de corrupción política con supuestas ramificaciones en los ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Boadilla del Monte constituye un nuevo y preocupante episodio de posibles prácticas delictivas vinculadas a la actividad institucional, una lacra que pone de manifiesto periódicamente las insuficiencias de nuestro sistema político y legal para poner coto a unas irregularidades especialmente destructivas. Las acusaciones investigadas -cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita- y los indicios que apuntan a que el principal sospechoso estaría detrás de operaciones de recalificación urbanística y de concesión de licencias públicas a cambio de comisiones ilegales remarcan la relevancia de unas averiguaciones que han de conducir, por una parte, a una delimitación nítida de las eventuales responsabilidades penales; y, por otra, al esclarecimiento sin sombra de duda de las circunstancias que puedan remitir a un envilecimiento de los usos políticos e institucionales en los consistorios citados. Aclaraciones que dependerán del desarrollo de las pesquisas, que por el momento sólo afectan a un entramado empresarial -no a funcionarios públicos-, cuya relación comercial con el PP no permite extraer ahora ningún conclusión en el terreno judicial. El rigor en las investigaciones policiales y las instrucciones en los tribunales constituye la herramienta básica del Estado de Derecho tanto para destapar y perseguir la corrupción, como para asegurar que sus responsables no salen impunes y garantizar los derechos de quienes, pudiéndose verse alcanzados por entramados en muchas ocasiones muy complejos, no terminan presentando comportamientos delictivos. La opacidad que buscan procurarse aquellos que se benefician fraudulentamente de las instituciones y de los que coadyuvan a ello ha de verse compensada por la respuesta eficaz y transparente del mismo sistema democrático que tratan de pervertir. Pero también por un compromiso más decidido de los responsables públicos y de los partidos que los amparan en la aplicación del marco legal que está llamado tanto a proteger la probidad de las instituciones y de sus representantes, como a evitar la porosidad delictiva que ha hecho mella singularmente en los ayuntamientos durante la época de la bonanza económica y el 'boom' inmobiliario.