El Ejecutivo confía en que el Poder Judicial frene la huelga de los jueces

El Ejecutivo espera que el Consejo General del Poder Judicial frene el lunes a los jueces decididos a ir a la huelga. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, recordó ayer que el órgano de gobierno de la magistratura debatirá en pleno extraordinario si este colectivo tiene derecho a convocar un paro laboral y subrayó que antes de tomar cualquier decisión sería «bueno» conocer su postura.

Fuentes gubernamentales admiten que lo mejor sería que el Tribunal Constitucional se pronunciase al respecto, pero por el momento no hay acto alguno que recurrir. Y con un sector de la judicatura enrocado en sus posiciones y determinado a ir a la huelga, la situación parece haber entrado en vía muerta. Lo único que fue capaz de reclamar la número dos del Ejecutivo fue «esfuerzo y responsabilidad». «Nosotros estamos dispuestos a seguir sentándonos cuantas veces sea necesario», aseveró.

En tono conciliador, Fernández de la Vega, juez de carrera, convino que la administración de Justicia aún debe mejorar mucho pero insistió en que para lograrlo es necesario el entendimiento. «Tenemos un compromiso, se trata de un poder del Estado muy importante y de un servicio público al que es exigible una respuesta de calidad, y ahí todo el mundo tiene su responsabilidad», añadió. «Nosotros vamos a ejercer la nuestra dialogando».

El Gobierno, según desveló hace días el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se está planteando legislar sobre el derecho a la huelga de los jueces para acabar con el debate jurídico que existe al respecto. Pero, de momento, sus esperanzas están cifradas en un CGPJ que, desde que comenzó el conflicto ha procurado ponerse de perfil. «Ahora -aseguran fuentes de La Moncloa- no les queda más remedio que opinar».

Sin embargo, existen muchas posibilidades de que el lunes la institución que preside Carlos Dívar opte por lavarse las manos y desvíe al Constitucional la competencia para determinar la legalidad del paro, como defiende en uno de los informes que serán discutidos el secretario general del organismo, Celso Rodríguez.

El magistrado argumenta que el Poder Judicial no puede «ir más allá» de las funciones para las que está facultado y que no le corresponde decidir sobre la «exclusión» de un derecho fundamental. Si el pleno le da la razón, se volverá a la situación de partida porque el Constitucional no puede pronunciarse motu proprio.