El Gobierno propone a los sindicatos que los ERE temporales no consuman paro

Mantener las plantillas de las empresas íntegras hasta que lleguen mejores tiempos. Ése parece ser el objetivo de José Luis Rodríguez Zapatero con la última oferta realizada a los agentes sociales, entre cuyas propuestas destaca la puesta del contador del paro a cero para los trabajadores que pasen por regulaciones temporales de empleo (ERE), que se completará con reducciones de las cuotas sociales a las compañías que adopten un procedimiento de ese tipo en lugar de acudir a rescisiones.

En los tres últimos meses del año pasado, periodo en que la crisis se agudizó, más de 83.000 trabajadores se vieron afectados en toda España por la suspensión de contratos. Y de ellos más la mitad correspondieron a diciembre.

La iniciativa forma parte de un documento que, bajo el título 'Medidas urgentes para mejorar la protección de los desempleados y el mantenimiento y la generación de empleo', fue entregado por el Gobierno a los sindicatos y a las patronales el pasado miércoles para su negociación en la próxima reunión del proceso de diálogo social que mantienen abierto.

Durante la suspensión de contratos por medio de ERE el salario de los trabajadores es abonado por los Servicios Públicos de Empleo, con el tope máximo de la prestación por desempleo (1.076 euros al mes este año), pero los empresarios se ven obligados desembolsar durante su vigencia las cotizaciones sociales, que representan más de un 30% de los salarios que pagan. Con la reducción de estos costes, las empresas serán más favorables a suspender los contratos frente a las lógicas tentaciones de rescindirlos en una época de aguda crisis como la actual, ya que la medida les permite mantener sus plantillas a la espera de que la actividad económica se recupere. Por su parte, al no consumir desempleo, los trabajadores tendrán menos inconvenientes en dar el visto bueno a una medida que ahora provoca una elevada preocupación, ya que mantiene su capacidad de cobrar durante dos años el paro -periodo máximo- en el caso de que la crisis de la empresa termine en despidos.

De acuerdo a las previsiones, el Ejecutivo deberá aportar este año por encima de los 13.000 millones de euros para financiar los servios púbicos de empleo, cuyos ingresos propios no serán suficientes para pagar las prestaciones de paro, que estiman en unos 30.000 millones. Las medidas propuestas elevarán sin duda el gasto, sobre todo a medio plazo, pero si la actividad se recupera pronto, su efecto económico no sería muy elevado.

El documento remitido por el Ejecutivo a los agentes sociales contiene otras medidas encaminadas a capear el temporal y contribuir a la creación de empleo. La primera de todas se refiere al mantenimiento íntegro del sistema de protección por desempleo con fondos del Presupuestos Generales del Estado, según fuentes sindicales.

Otras son menos espectaculares, pero tienen también gran trascendencia, dadas las condiciones de restricción del crédito a que se enfrentan las empresas en los últimos tiempos. Por ejemplo, el documento plantea a los agentes sociales retrasar hasta final de año las habituales dotaciones al Fondo de Reserva de las pensiones -que se nutre del superávit que aún mantiene la Seguridad Social- con el fin de utilizar ese dinero para financiar el aplazamiento del pago de cuotas de las empresas en crisis, una medida que ya se está aplicando a cambio del compromiso del mantenimiento del empleo.