Aduana: ¿ciudadanos o súbditos?
El artículo 9.2 de la Constitución impone a los poderes públicos el deber de facilitar «la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social», deber que el artículo 23 convierte en derecho fundamental al establecer que: «los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o ». Por eso lo de la Aduana no es sólo el sí o el no a su derribo, es sobre todo el sí o el no a la existencia del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos que les afectan, les importan y les interesan.
Actualizado: GuardarPero, ¿existe este derecho? Tengo serias dudas, a tenor del escarnio al que están siendo sometidos quienes en Cádiz han osado ejercerlo para proponer la conservación del edificio de la Aduana. Más bien parece que este derecho sólo se tolera cuando coincide con los intereses y opiniones de quienes nos gobiernan y nos informan. Da la sensación de que mientras el inmueble ha estado en situación de «derribo inminente», a nadie le ha importado que tres mil personas propusieran su mantenimiento, seguramente porque se pensaba que esto no serviría de nada, cuando finalmente esa opinión ha sido tomada en consideración, han arreciado las críticas.
Resulta ahora que a todo el mundo le molesta la Aduana, incluso, se tilda a estos tres mil firmantes de privilegiados y de entorpecer el desarrollo urbanístico de Cádiz. Todo apunta a que acabarán siendo uno de los chivos expiatorios del previsible fiasco del Doce, ¿por qué? ¿Quizás por ejercitar un derecho constitucional? ¿Tal vez por defender sus ideas con palabras, argumentos y buenas maneras y no con huelgas, cortes de carretera o sabotajes? ¿A lo mejor porque en una ciudad de la que se dice que vive en la desidia y la indolencia, cuando sus habitantes se organizan y opinan se les machaca? ¿Quizás porque los que manejan los hilos siempre prefieren el pan y circo que en versión gadita es «Ese Cádiz Oé y Carnaval, carnaval»? ¿Acaso son estos ciudadanos responsables de que la delegada de Cultura y sus bien remunerados informantes hayan utilizado este movimiento ciudadano para atizarle a Teófila?
El despropósito llega al punto de imputar a estos tres mil firmantes la responsabilidad de la decisión, y así habría sido si se hubieran atendido sus argumentos, cosa que no ha ocurrido, porque ni en el Manifiesto por la Aduana se pide que ésta tenga que mantenerse porque lo soliciten 3.000 ciudadanos, ni en el Informe se acogen los argumentos arquitectónicos, económicos o históricos que aporta el Manifiesto. El Informe se ha limitado a decir que tres mil personas lo piden, pero no ha asumido sus argumentos.
Quizás la explicación de lo que está pasando se encuentre en la poca salud de nuestro sistema democrático porque, como apuntaba José R. Pérez Díaz-Alersi en una conferencia reciente, un sistema verdaderamente democrático es aquel que garantiza a los ciudadanos una legítima participación en el proceso de toma de decisiones por el poder, sólo así se ejerce la condición de ciudadano, por el contrario, cuando nos limitamos a mirar cómo actúa el poder, nos convertimos en meros súbditos, -y añado yo- que es como realmente nos ven los políticos.