La corrupción desespera a Afganistán

Meneando la cabeza lentamente y emitiendo unos gruñidos de desaprobación nada halagüeños, el funcionario de Tráfico revisa una y otra vez la solicitud del permiso de conducir con el ceño fruncido y apretando los labios como si le fuera la vida en ello. En ese momento, el aspirante a futuro conductor ya sabe que algo va mal con su instancia, pero sus temores se confirman cuando el funcionario le pregunta si hay un shirini para él.

Como suele ser habitual en la Administración pública afgana, cualquier pequeña gestión burocrática tiene un precio. Una dádiva en forma de compensación económica que, para suavizar el mal trago, ha sido popularizada con el simpático nombre de shirini, que en dari significa dulce y es también lo que suele pedirse en las pastelerías para acompañar a un té verde o un café.

Pero el dulce al que se refiere el funcionario es otro bien distinto, ya que habla del amargo peaje que la corrupción ha impuesto en todas las esferas de la vida pública en Afganistán. «Los sobornos están por todas partes. Si quieres sacarte el carné de conducir, tienes dos opciones: o seguir la vía legal, que cuesta 10 dólares (7,7 euros), y suspender el examen una vez tras otra o pagar 150 dólares (117 euros)», explica Jalil, quien hizo esto último y obtuvo el permiso sin dar ni una sola clase y sin presentarse siquiera a la prueba final. «Y, además, hasta te traen el permiso a casa», se ríe el joven, quien confiesa que no se había sentado jamás al volante de un vehículo cuando consiguió su licencia de conducción.

Pero la corrupción no es tan divertida como la cuenta Jalil ni tan dulce como la han bautizado los funcionarios. Según un estudio realizado por Integrity Watch y recogido por la ONU, «cada familia afgana paga una media de 78 euros al año en sobornos», lo que supone una auténtica sangría en un país donde el 70% de la población sobrevive con menos de un dólar al día. En total, se calcula que la corrupción genera cada año entre 78 y 195 millones de euros, lo que supone la mitad del presupuesto de desarrollo nacional de 2006.

«La corrupción es endémica en Afganistán, hiere a los más pobres desproporcionadamente, aleja a la gente del Estado y socava nuestros esfuerzos para construir la paz y la estabilidad», le dijo el año pasado el representante especial de la ONU, Kai Eide, al ministro de Finanzas, Anwar ul-Haq Ahadi. Y es que la práctica del 'shirini' es una de las muestras más claras del fracaso de Afganistán como Estado, ya que la sociedad ha vuelto la espalda al Gobierno por la corrupción rampante y porque uno de sus cuerpos más sucios es, curiosamente, la Policía. «Son unos ladrones. Si queremos vender nuestra fruta en la calle para ganarnos la vida, tenemos que pagarles cada día entre 50 y 100 afganis (entre 0,75 y 1,47 euros)», se queja Mohammad Zakir amontonando sus naranjas en el carrito con el que recorre el centro de Kabul.

Descuentos en las tasas

No es el único que la sufre, ya que la corrupción afecta, en distintas escalas, tanto a los ricos como a los pobres. A los primeros porque, en caso de tener propiedades y verse obligados a tributar unos impuestos de 1.000 euros, los propios inspectores les proponen que paguen sólo 100 a cambio de quedarse ellos con otros 400. Como consecuencia, los ricos se ahorran la mitad del dinero porque nadie supervisa a los inspectores.

Y, así, todos tan contentos, menos el Estado, que deja de percibir dichas tasas y, en última instancia, el pueblo, que cada vez se ve más empobrecido y, además, tiene que hacer frente a su shirini particular. «Hasta los bedeles y los mecanógrafos de los ministerios te piden entre 20 y 40 afganis (entre 0,29 y 0,58 euros) por hacer algo tan sencillo como es permitir que te reciban en un despacho o redactarte una simple instancia», se lamenta Saigedullah. Como millones de afganos, ha acabado empachado de tanto dulce soborno.