El Gobierno reclama al Tribunal Supremo que anule las candidaturas de Askatasuna

El Gobierno y la Fiscalía General del Estado reclamaron ayer al Tribunal Supremo que anule antes del domingo las candidaturas de Askatasuna para impedir que los representantes políticos de ETA se sienten, a partir del 1 de marzo, en los escaños del Parlamento vasco.

El alto tribunal comenzó a deliberar sobre la anulación de las listas de la otra formación impugnada, Democracia Tres Millones (D3M), y ordenó, como medida cautelar, que no se entregue a la plataforma copia del censo electoral vasco, ante el riesgo de que caiga en manos de la banda y se use para cometer atentados.

El Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, presentó un escrito de 105 folios en el que considera probado que Askatasuna es «el equivalente funcional» de la ilegalizada Batasuna en los próximos comicios vascos: el nuevo «instrumento» de ETA para burlar la proscripción de su «frente institucional» y una «tapadera electoral» que «sirve a la estrategia» de la banda terrorista.

Su confianza en probar la culpabilidad de la formación es tal que los servicios jurídicos del Estado anticipan ya que, una vez que logren lo urgente, la exclusión electoral de las listas, presentarán ante la Sala Especial del Supremo una demanda ordinaria para obtener la ilegalización de Askatasuna, un proceso equivalente al que sacó de la vida pública y del registro de partidos a Batasuna, Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV).

La Abogacía y la Fiscalía cerraron el círculo sobre las aspiraciones electorales del mundo de ETA y pidieron al alto tribunal que excluya de los comicios tanto a Askatasuna como a la plataforma D3M, por considerar que las dos son listas con las que Batasuna quiere burlar la ley y regresar a la Cámara de Vitoria.

Las acusaciones públicas no tienen dudas de que la plataforma es el cebo del mundo de ETA, la candidatura a sacrificar ante los tribunales por estar «contaminada» de pies a cabeza, y el partido político es la «lista blanca», una marca legal «durmiente», sin aparente actividad política ni vínculos evidentes con Batasuna, con la que poder engañar a la Ley de Partidos, como ocurrió hace cuatro años con el PCTV, que pese a ser investigado pudo presentarse y obtuvo nueve parlamentarios que puso al servicio del frente político de la banda.

«Estruendoso silencio»

El escrito del Gobierno destaca que, lejos de la prolija presencia pública de D3M, a Askatasuna no se le conoce acto, reunión, declaración, comunicado o publicidad alguna ni antes ni después de presentar las candidaturas. Una discreción sospechosa para un partido que aspira a recibir el máximo de votos, algo que lo convierte en un «estruendoso silencio».

El Gobierno y la Fiscalía reconocen que aportar indicios para que el Supremo acepte sus demandas sobre Askatasuna ha sido bastante más complejo que con D3M. En el caso de la plataforma, están convencidos de que el entorno de ETA incluso ha sobreactuado para provocar su anulación. Tiene 82 de los 84 candidatos, incluidos los reservas, vinculados a Batasuna, ANV, PCTV y a otras listas ilegalizadas; la izquierda abertzale les ha facilitado toda su infraestructura, símbolos y líderes para la publicidad, la recogida de firmas, la organización de los actos públicos o la presentación de apoderados; e incluso hay documentos de ETA que diseñan su puesta en marcha.

Uno de los informes de la Guardia Civil que incluyen los recursos desvela que el ex miembro del 'comando Donosti' de ETA Jokin Arañalde, en la actualidad en paradero desconocido, confesó en 2002, cuando fue detenido, que Askatasuna «fue organizada por la izquierda abertzale» y presentada a las elecciones autonómicas de 2001 «a fin de paliar los efectos que pudiera tener la posible ilegalización judicial de Batasuna». Arañalde se presentó en 2001 en las listas de Askatasuna por Guipúzcoa.