El acoso judicial contra Israel llega al tribunal de La Haya

El temor inicial a que políticos y militares judíos pudieran verse perseguidos por una oleada de denuncias y causas judiciales abiertas en el extranjero por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en Gaza empieza a convertirse en una pesadilla para Israel. Ayer, el diario británico The Times daba cuenta de las intenciones del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, de estudiar el inicio de un posible proceso contra autoridades hebreas por «crímenes de guerra», que estarían relacionados con el supuesto lanzamiento de fósforo blanco en zonas densamente pobladas de la Franja durante la reciente operación Plomo sólido.

Las noticias sobre los planes del Tribunal de La Haya irrumpían en Israel el mismo día en que el fiscal General del Estado se reunía con el ex ministro de Defensa Benjamín Ben Eliezer y siete ex altos responsables del Ejército hebreo para tratar de fijar una «postura común» frente a la investigación emprendida contra ellos por «crímenes contra la humanidad» en la Audiencia Nacional española. Una causa -interpretaba ayer la prensa local- «que ha dañado las relaciones diplomáticas entre Israel y España», y que, a efectos del Estado judío, ha abierto una peligrosa y terrible brecha de secuelas incalculables, que ha situado a las autoridades del país ante la impensable tesitura de verse señalados internacionalmente como criminales cuando, sostienen, en realidad son víctimas del terrorismo palestino. Ahora, la decisión del TPI de intentar poner en el punto de mira a los comandantes hebreos por la reciente ofensiva en Gaza era ayer la prueba, para muchos, de que el acoso judicial a Israel sólo acaba de comenzar.

La iniciativa del fiscal Moreno Ocampo, no obstante, no incluirá de momento valorar la denuncia interpuesta por organizaciones palestinas sobre si caben o no imputaciones por crímenes de guerra en la Franja, ya que, en una primera fase, el fiscal sólo intentará determinar si tiene o no jurisdicción para abordar el asunto. Habida cuenta de que Israel no es signatario del Tratado de Roma y por tanto está exento de las actividades del TPI, la vía a analizar será la aceptación de la jurisdicción palestina, que a su vez plantea el obstáculo de tener que reconocer a la ANP como un Estado, a imagen de cómo ya ocurriera en 2005 con el precedente de Costa de Marfil.

«En realidad -señalaba ayer el fiscal del TPI- es el Estado territorial el que debe acudir al Tribunal. Su argumento (de los grupos palestinos denunciantes) es que la Autoridad Palestina es, en realidad, un Estado». «Es muy complicado, prosiguió, necesitaré mucho tiempo, pero actuaré de acuerdo con la ley».